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UMÁN, Yuc., a 5 de agosto de 2021.- Once personas, entre ellas ocho regidores del cabildo de Celestún, en la administración 2015-2018, fueron vinculadas a proceso penal por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, así como peculado, cometidos en pandilla.
En audiencia realizada este jueves en el Centro de Justicia Oral de Umán, la Jueza de Control del cuarto distrito judicial del sistema penal acusatorio, Mariza Virgina Polanco Sabido, dio inicio al juicio bajo la carpeta 45/2021, en donde los exfuncionarios aprovecharon su puesto para presuntamente delinquir.
“Entre el 12 de febrero y 30 de agosto de 2018, ilícitamente otorgaron enajenaciones sobre dos tablajes catastrales que, hasta ese momento, eran propiedad del municipio; procediendo a venderlos a favor de otras tres personas imputadas, socias de la empresa compradora, todos a quienes se imputa como coautores materiales directos de la posible conducta de uso ilícito de atribuciones y facultades y peculado, cometidos en pandilla”, explicaron en la audiencia.
Mediante sesión de cabildo de fecha 18 de junio de 2018, detallaron, el órgano municipal aprobó unánimemente la enajenación de dichos terrenos, aún cuando no se cumplía con 6 de los 9 requisitos mínimos que prevé el artículo 155 de la Ley de Gobierno de los Municipios para tal efecto; esto en favor de tres personas físicas que pagaron 400 mil pesos por los bienes inmuebles cuando éstos en verdad tenían un valor comercial de 57 millones 245 mil 196 pesos y 49 centavos, dañando con ello, gravemente, el patrimonio municipal, quien encontró un déficit de 99.31% en esa operación.
El perito que valuó los terrenos a bajo costo, también fue imputado en la audiencia por los mismos delitos en el grado de partícipe.
Por su parte, una de las exregidoras que no estuvo presente en la audiencia, será presentada, con auxilio de la fuerza pública el próximo 23 de agosto del presente cuando se emita una orden de presentación o aprehensión.
La Jueza de Control impuso a los acusados medidas diversas a la prisión preventiva: acudir a firmar ante la autoridad, embargo de bienes, sometimiento a la vigilancia del Centro Estatal de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, prohibición de acercarse a testigos, todas durante el tiempo que dure el proceso penal.
La juzgadora otorgó a los fiscales seis meses más para continuar con la investigación complementaria del caso.