Horarios de mañanitas, misas y serenata en honor a la Virgen de Guadalupe
Mérida, Yuc., 11 de septiembre de 2021.- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), Miguel Oscar Sabido Santana, señaló que con base a los videos de la detención y el ingreso de José Eduardo Ravelo Echavarría a la cárcel municipal de Mérida, de primera mano se puede decir que si hay violaciones a los derechos humanos en cuento al trato que se le dio al joven veracruzano.
Cuestionado con relación a las declaraciones del director de la Policía Municipal, Mario Arturo Romero Escalante, sobre las técnicas especiales que utilizaron los agentes de la policía municipal para el sometimiento e ingreso a la cárcel pública de José Eduardo, el ombudsman en Yucatán dijo que en los videos, las formas y técnicas que se precian, se advierte que la policía municipal de Mérida no tuvo el cuidado necesario para el trato.
El comisionado dijo que en el momento que se haga la recomendación correspondiente se definirá y se decidirá si éstas presuntas violaciones a los derechos humanos que han sido calificadas se materializaron, se acreditaron de forma suficiente para que se establezcan de forma en que se tendrá que solicitar la reparación del daño correspondiente.
Parte de la reparación dijo, es que se tendrá que solicitar la capacitación a la policía municipal de Mérida y en particular a los servidores públicos que participaron en el trato al detenido, para que no se vuelvan a repetir actos como este.
Sabido Santana señaló que en próximas semanas se estarán realizando las declaraciones de los implicados en el Caso Ravelo ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde tendrán que declarar los cuatro agentes de la policía municipal involucrados en el caso así como del personal del Hospital Agustín O’ Horan cuyas diligencias se realizan en la delegación de la CNDH en Mérida.
La CODHEY dijo que está coadyuvando en la integración del expediente aunque técnicamente ya se está haciendo cargo la CNDH.
A raíz de lo acontecido, en fechas recientes están diseñando un programa integral para la atención y prevención de la tortura que abarque la defensa y protección de los derechos humanos, donde se están revisando con especial atención todos los casos donde se manifiesta que las personas hayan sido vulneradas en sus derechos por parte de alguna corporación policiaca durante su detención o su estancia en una cárcel pública o centro de reinserción.
En la entrevista señaló que se continúa trabajando en investigación y diagnóstico a todas las personas involucradas en el Caso Ravelo para emitir un posicionamiento, un documento o en su caso una recomendación general sobre el tema para que se vaya atendiendo y no se vayan a repetir los actos que lamentablemente ocurrieron.
Es un primer paso se trabaja en la elaboración de un mecanismo estatal contra la tortura, para que se atiendan estas situaciones, donde realicen acciones de promoción, difusión y capacitación a servidores públicos en el respeto a los derechos humanos.
Ahora están programando establecer el enlace con las nuevas autoridades estatales para poder formalizar con los ayuntamientos las acciones de capacitación a las corporaciones, ver que se atiendan la infraestructura y las condiciones de las cárceles públicas ya que a nivel estatal hay un área dentro de la CODHEY para monitorear de forma permanente cárceles públicas, hospitales, centros de salud, así como todos los lugares donde se resguarden o custodien personas
Además, buscarán que los ayuntamientos cumplan con un modelo de reglamento de derechos humanos para los municipios, que deberán contar con un área específica de atención a quejas, rendición de informes, atención de las recomendaciones y conformación de los bandos de las policías y ayuntamientos, ya que desafortunadamente la gran mayoría de los municipios no cuentan con dicho documento y se trabaja en la creación de un solo bando de policía y buen gobierno.
Por otra parte, mencionó que trabajan en la creación de un protocolo de atención a niños, niñas y adolescentes que sufren violación a derechos humanos y en especial son víctimas de abuso sexual, para que los servidores públicos en los diferentes ayuntamientos sepan que hacer en éstos casos.