Trabajador sufre grave accidente en obras del Tren Maya en Tulum
MÉRIDA, Yuc., 21 de abril de 2020.- Casi 200 organizaciones (194), colectivos y comunidades, además de 60 activistas se unieron para hacer llamado al Gobierno Federal para que de manera urgente se frene la construcción del Tren Maya y, una vez que pase la emergencia sanitaria, establezca un dialogo real que garantice el derecho a la información y cumpla con el Convenio 169 de la OIT, Declaraciones de la ONU y de la OEA con respecto a la participación, al medio ambiente sano, al territorio y a la libre determinación de las comunidades afectadas por dicho proyecto.
Mediante un comunicado recordaron que el pasado 6 de abril se publicó el acuerdo en el que se establecen los lineamientos técnicos para atender la emergencia sanitaria por el SARs-CoV-2; en él se establecía que todas las actividades de producción de acero, cemento y vidrio con contratos vigentes con el gobierno federal, deberían continuar para cumplir los compromisos con los proyectos de Dos Bocas, el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Corredor Transísmico y el Tren Maya.
Aunado a esto, detallan que durante la Fase 2, ONU-Hábitat y FONATUR continúan realizando un censo que, dicen, tiene como fin desalojar y reubicar a población de Campeche.
Por lo anterior, la Red de Litigio Estratégico en favor de Comunidades Indígenas y Campesinas de la Península de Yucatán calificó como preocupante que ante esta emergencia sanitaria el gobierno pretenda mantener las actividades, en específico del “Tren Maya”, pese a que su construcción pone en riesgo la salud y la vida de los trabajadores que deberán continuar laborando en esta construcción.
“El propio gobierno federal ha resaltado la importancia de mantener la cuarentena y evitar toda aquella actividad que no sea indispensable para la subsistencia de las personas, situación que no aplica en el presente caso. Continuar las actividades relativas a la construcción del Ten Maya, en el actual contexto, genera un estado de indefensión hacia aquellas personas y comunidades que han manifestado su rechazo u oposición al proyecto”.
Los firmantes precisan que con estas acciones, pareciera que la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador se quiere aprovechar de la situación actual para avanzar en un proyecto cuestionado y por el que existe una orden de suspensión por parte de un Juez Federal como resultado de un amparo presentado por comunidades de Calakmul y Candelaria.
Dichas organizaciones destacaron que a la orden de mantener la construcción pese a la contingencia se suma la opacidad y la falta de información sobre impactos ambientales, económicos y sociales que esta obra dejará, particularmente en las comunidades mayas.
“En este sentido nos preocupa que el argumento principal para continuar con la implementación del denominado Tren Maya sea el detonar el desarrollo de la Península, cuando la realidad es que no existe un proyecto cuando la realidad es que no existe un proyecto definido, ni la información necesaria para conocer sobre si el mismo beneficiaría a la población rural e indígena de la península. Hasta el momento hay información de que éste beneficiará preferentemente a empresarios de la construcción y del turismo, generando despojo del territorio para las comunidades, desalojo de la población y si acaso generaría empleos precarios, mal pagados y sin garantías de seguridad social.”
Asimismo, solicitaron a las Relatoras Especiales sobre Pueblos Indígenas tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como del sistema de Naciones Unidas y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pidan la información necesaria y exhorten al Estado mexicano a que cumpla con sus obligaciones nacionales e internacionales y garantice los derechos fundamentales de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto.
Dentro de las organizaciones firmantes se encuentran Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.; Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil S.C.; APIS Sureste Fundación para la Equidad A.C.; Articulación Yucatán; Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal; Maderas del Pueblo del Sureste A.C; Red de Productores de Servicios Ambientales “Ya`Ax Sot’ Ot’ Yook’ol Kaab” A.C., entre otras de la Península de Yucatán.