Teléfono Rojo
La polarización es un sentimiento popular que viene de tiempo atrás. Hay razones objetivas y subjetivas de amplios sectores de la población para sentirse desafectos del sistema económico, político y social. El PRI y el gobierno de Peña Nieto condensaron el descontento social, como fue evidente en la elección de 2018. López Obrador leyó bien la circunstancia; la situación le venía como anillo al dedo y supo aprovechar el momento: ganó con creces en la contienda presidencial, la legislativa y las elecciones locales concurrentes.
Algunos señalan que el triunfo de López Obrador sirvió para contener un inminente desborde del descontento; no es creíble del todo. El enojo mayor venía de las clases medias y su cauce era, además de la maledicencia, el voto. El triunfo arrollador no se explica sin la presencia del voto urbano a favor de AMLO. La elección de 2021 muestra que ya perdió ese apoyo, aunque Morena persiste con suficiente adhesión para ganar elecciones locales y mantenerse como primera fuerza política nacional.
El entonces candidato presidencial, ante las élites financieras aludió al tigre suelto, es decir, a una rebelión social derivada del enojo y la incapacidad del sistema para darle cauce. El asunto ahora se actualiza no a partir de la política, ni de la sociedad como tal, sino como resultado del crimen organizado, de su creciente presencia territorial y penetración en el tejido político, social y económico en amplias regiones del país. El desafío para el Estado no ha sido el descontento popular, sino la delincuencia vinculada al tráfico ilegal de drogas. El atentado contra Ciro Gómez Leyva es una primera llamada de atención y debe preocupar por su semejanza con los acontecimientos de los últimos años del gobierno de Carlos Salinas. De haber tenido éxito el atentado, hubiera generado un ambiente semejante al provocado por el homicidio del cardenal Posadas Ocampo, en mayo de 1993.
A López Obrador se le dificulta ajustarse a la realidad cambiante. Por su estructura mental y emocional es proclive a negar lo que le es adverso y procesarlo en la paranoia. Para él, adversidad y negatividad tienen por origen el complot del adversario político. Casi nunca vincula la narrativa sobre el enemigo con el crimen organizado, sino con la oposición legítima, los intereses propios de una sociedad plural o con el periodismo independiente. Para él es natural ver en el atentado contra Ciro Gómez Leyva una acción concertada del opositor para afectar su proyecto. No quiere asumir una hipótesis más grave y convincente: que el tigre anda suelto; es decir, el crimen organizado.
La aprehensión de Ovidio Guzmán significa un antes y después. No importa la razón, origen o motivo de su detención. Tampoco el papel activo o pasivo del presidente. Sí, y mucho, si se extradita a EU. El virtual entendimiento con los cárteles -particularmente con el de Sinaloa-, que excluía el empleo de la fuerza del Estado para contenerlos o reducirlos llega a término. No sólo tiene que ver con la actitud de las fuerzas armadas mexicanas frente al crimen organizado, el presidente debe entender que ahora él mismo, su gobierno y sus colaboradores son objetivo de un peligroso y poderoso grupo criminal. El tigre anda suelto y significa un acento en la agresividad de los delincuentes, así como el reacomodo derivado del golpe asestado al grupo criminal de los hijos de El Chapo Guzmán. Un efecto colateral de la nueva realidad es que el presidente será ahora más dependiente de las fuerzas armadas y requerirá de eficaces servicios de inteligencia que, a su vez conlleva un mayor acuerdo con las áreas de seguridad del gobierno norteamericano a manera de ampliar y mejorar la capacidad preventiva sobre un eventual ataque del crimen organizado, tema que bien pudiera ser abordado en la visita del presidente Joe Biden.
El presidente, los prospectos de candidatos oficialistas y los de la oposición deben interiorizar la nueva realidad, así como cualquier persona de relieve en la vida nacional. El atentado contra Ciro Gómez Leyva es un mensaje suficientemente poderoso y preocupante que entraña el escalamiento de las acciones criminales sin importar sus implicaciones políticas o sociales. La detención de Ovidio Guzmán es momento fundacional de una nueva relación del Estado con los criminales. Es hora de que López Obrador entienda que el mayor enemigo del gobierno y del régimen democrático viene de la delincuencia organizada.