Los suspirantes 

El presidente López Obrador ha innovado el proceso sucesorio. En primer término, él se erige abiertamente como la autoridad superior para procesar la candidatura presidencial. Segundo, los tiempos anticipan todo lo razonable; de hecho, la sucesión inició desde 2021 al mencionar a quienes se perfilaban en la selección. Tercero, intentó evitar la polarización entre Sheinbaum y Ebrard al incluir a un tercero con bajo conocimiento, pero con la mayor cercanía y confianza del presidente, gobernador nombrado secretario de Gobernación. Cuarto, la encuesta reemplazó a la urna y al votante. Quinto, una contienda sin debate y con exclusión a medios de comunicación independientes.

El domingo Consejo Nacional de Morena formalizó las reglas y próximamente se conocerán las renuncias de los aspirantes. El proselitismo no permite debates y que convoquen a medios no afines al oficialismo, seguramente la realidad se impondrá y las televisoras y la radio estarán presentes. Es evidente que el procedimiento afecta a quien lleva ventaja y beneficia al candidato menos conocido, o sea, al hasta hoy secretario de Gobernación Adán Augusto López. Para Ebrard el tema fundamental es que la encuesta tenga solo una pregunta, aunque no será el caso; en realidad, más relevante sería si se segmentara a los encuestados para excluir a quien no votaría por Morena o rechaza a López Obrador. Un tema importante para dar credibilidad y autenticidad al sondeo de opinión es que utilizarían varias casas encuestadoras seleccionadas a partir de propuesta de los aspirantes.

Las oposiciones formales no han tenido la velocidad del jefe del Ejecutivo; no por escrúpulos respecto a la legalidad, simplemente su reino no es de este mundo, al menos así parece. Se reunieron PRI, PAN y PRD después de las elecciones pasadas para decir que sí van en coalición, que para el 26 de junio se determinaría el método para seleccionar candidato y que excluían abanderar a un desafecto del oficialismo. Se dice que entre las reglas está reducir a 100 mil las firmas para ser considerado como posible candidato, en lugar del millón al que se refirió Marko Cortés; que habría debates en el país y que se seleccionaría a través de encuesta.

Por su parte, en el Frente Cívico está exigiendo a los partidos la democratización del proceso de selección a través de elecciones primarias. Ellos han expresado su determinación de organizarlo con personalidades de prestigio y acreditada experiencia. Mientras, Movimiento Ciudadano reitera que no iría en coalición, pero sin precisar la modalidad bajo la cual seleccionaría a su candidato presidencial.

Siete partidos políticos nacionales concurrirán a la elección. Llama la atención que ninguno de ellos haya optado a iniciativa propia promover la democratización del proceso de selección del candidato (a) presidencial. PVEM y PT se allanaron a la postura que surja del Consejo Nacional de Morena. El PRI, PAN y PRD confían más en las encuestas que en las urnas. Son más baratas, pero menos confiables y en ninguna parte son utilizadas a manera de sustituir procesos electorales. MC que pretende diferenciarse del resto, confirma que también dejará la decisión a discreción de su dirigente histórico, Dante Delgado.

Los aspirantes es la parte más visible de lo que sucede al interior de las organizaciones políticas que procesan las candidaturas. Al presidente López Obrador no se le puede regatear que modificara la manera de resolver la sucesión, muy a su modo, al margen de la legalidad, de la equidad en la contienda, anticipando tiempos y con la modalidad de la encuesta a pesar de su dicho sobre la consulta ciudadana o de que el pueblo tiene el derecho a decidir los temas más fundamentales; por lo visto, quien deberá continuar con su proyecto político no es materia para que el pueblo decida.

En el lado opositor son muchos los (las) aspirantes con trayectoria de relieve. No hay manera de que un grupo cerrado pueda determinar con acierto quién es la mejor opción. A iniciativa del Frente Cívico se les presenta la oportunidad de abrir el proceso, conciliar inclusión con orden, legalidad con participación; credibilidad con innovación. Para ello es indispensable que sea un directorio ciudadano de calidad el responsable de dirigir el proceso, asunto crítico y, por lo visto, refractario a los dirigentes de los partidos. Pretenden credibilidad y legitimidad, pero no quieren pagar el precio.