Aumento en denuncias no significan más casos de violencia: UADY
MÉRIDA, Yuc., 27 de junio de 2023.- María Carolina Silvestre Canto Valdés, Magistrada Presidenta del Poder Judicial del Estado de Yucatán, presentó al Pleno del Tribunal Superior de Justicia el Informe Anual de Actividades correspondiente al ejercicio 2022, esto en cumplimiento a lo establecido en la legislación orgánica, y en aras de la transparencia y rendición de cuentas, en el que destacó los desafíos y avances para fortalecer la impartición de justicia y consolidar al Estado de Derecho como una de las principales características de la entidad.
Según se informó en un comunicado de prensa, se dio un resumen de la gestión de los magistrados Ricardo Ávila Heredia y Mario Alberto Castro Alcocer, quienes encabezaron los trabajos del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura durante el período mencionado, y a quienes reconoció su responsabilidad al frente de este poder público.
Ante magistradas, magistrados, consejeras y consejeros, reunidos en el auditorio del recinto de este Tribunal, la magistrada presidenta del Poder Judicial habló de las acciones emprendidas por la institución para cumplir eficazmente el mandato constitucional de impartición de justicia.
En relación a la actividad jurisdiccional de primera instancia, que abarca las materias civil, mercantil, familiar, justicia para adolescentes, penal, ejecución de sanciones y laboral, informó que el año pasado se abrieron 26,373 expedientes y se concluyeron 26,918.
Con el objetivo de fomentar la cultura de la paz, el Centro Estatal de Solución de Controversias inició 2,208 expedientes y resolvió 2,293. Es importante destacar que más del 87 por ciento de las mediaciones tuvieron éxito en la resolución de conflictos de índole familiar, demostrando así la efectividad de estos mecanismos para aliviar la carga jurisdiccional en esta materia.
En el Tribunal Superior de Justicia, es decir, la segunda instancia, se iniciaron 2,020 expedientes y se concluyeron 1,853 durante el período informado. Recordó que el 16 de diciembre de 2022 se reorganizaron, integraron y redistribuyeron las competencias de las Salas del Tribunal Superior de Justicia, quedando de la siguiente manera: la Sala Colegiada Civil y Familiar, las Primera y Segunda Salas Colegiadas Penal y Civil, la Sala Colegiada Mercantil, de Extinción de Dominio y Laboral, y la Unitaria Especializada en Justicia Penal para Adolescentes.
Así mismo se mencionó que, de acuerdo con la Constitución Política del Estado y las disposiciones reglamentarias, las Salas y el Pleno del Tribunal tienen la facultad de emitir precedentes para la interpretación de la propia Constitución, de las leyes y reglamentos estatales o municipales, así como los requisitos para su interrupción y modificación, sin contravenir la jurisprudencia de los Tribunales de la Federación.
En este sentido, la Sala Colegiada Civil y Familiar emitió cuatro precedentes obligatorios, entre los que destacan los relativos a diligencias de ejecución de sentencia penal que condena a la pérdida, suspensión o restricción de derechos de familia; en materia de sucesiones; en cuanto a los aspectos a tomar en cuenta en la debida determinación de la compensación; y otro para el caso en que no termina el mandato, no obstante la muerte del mandante. Igualmente, la entonces Segunda Sala Colegiada del Sistema Acusatorio, emitió uno sobre la restricción de acercarse a persona o lugar determinado impuesta en sentencia.
Además, emitió tesis aisladas, siendo relevante aquella que establece que la autoridad debe realizar los ajustes razonables para salvaguardar el derecho de acceso a la justicia para personas indígenas mayas; otra que se refiere a la adopción de medidas necesarias por parte del órgano jurisdiccional para subsanar cualquier omisión en la actuación del interventor como representante de una sucesión, así como una que guarda relación sobre la acción de remoción de tutor de persona interdictada.
Por otra parte, recalcó que para el Poder Judicial la capacitación continua de los servidores públicos judiciales sobre derechos humanos, igualdad de género y precedentes judiciales es primordial para alcanzar los objetivos institucionales. Al respecto, el año pasado inició estudios la tercera generación de la Especialidad en el Sistema Integral de Justicia Penal para Niñas, Niños y Adolescentes,–la cual concluyó el pasado mes de mayo–, y se impartió el Diplomado en Derechos Humanos y Derechos de las Mujeres, entre otras formaciones.
Con motivo de la implementación de la reforma laboral, se convocó a concursos de oposición para integrar diversas categorías del personal de los juzgados en esta materia. En este sentido, se aprovechó la experiencia y colaboración con el Poder Judicial del Estado de Tabasco para que personal especializado de dicha institución coadyuvara en la materialización de esta nueva vertiente en la carrera judicial.
Sobre ésta, además de las mencionadas posiciones en el tema laboral, se prosiguió con la formación en otras asignaturas, como la correspondiente a Juez de primera instancia en las áreas civil, familiar, mercantil y en el sistema penal acusatorio.
Por otra parte, se colaboró en la capacitación de personal de otras instituciones como la Policía Municipal de Mérida en áreas como la mediación y la implementación del modelo nacional de justicia cívica, y de la Comisión de Arbitraje Médico de Yucatán sobre los mecanismos alternativos de solución de controversias.
En cuanto a la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas, a través de las respectivas unidades de acceso a la información pública se recibieron 682 solicitudes de información, principalmente sobre la función jurisdiccional y se informó a los presentes de las acciones de justicia abierta como son la publicación de sesiones y sentencias en el portal electrónico de la institución.
En otras materias transversales y disposiciones normativas, es necesario señalar que se informó a los magistrados sobre las actividades diarias realizadas por esta institución en materia de atención a víctimas de violencia de género, se hizo hincapié en el compromiso del Poder Judicial para la prevención y erradicación de esta conducta, a través de la emisión de las órdenes de protección y la orientación que se brinda a través de la unidad especializada.
Igualmente, se informó sobre los servicios de evaluación psicológica y trabajo social que se brindan en apoyo a la labor de juzgadores; sobre el nombramiento de jueces de paz, así como de la certificación de mediadores privados.
Por otro lado, Canto Valdés destacó la independencia administrativa y laboral en la resolución de conflictos laborales entre autoridades y servidores públicos del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, cuyos magistrados Paloma de la Paz Angulo Suárez y César Enrique Ferreyro Rosado, estuvieron presentes en la sesión.
En el transcurso del año pasado, ese órgano concluyó 187 juicios que estaban en trámite, se emitieron 261 laudos y se acordaron 1154 finiquitos para los trabajadores.
Al concluir la ceremonia, a la que asistieron, el diputado Víctor Hugo Lozano Poveda, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, y el abogado Yussif Dionel Heredia Fritz, Consejero Jurídico, en representación del titular del Poder Ejecutivo, la magistrada Carolina Canto enfatizó sobre los desafíos futuros, como son la consolidación del nuevo modelo de justicia laboral, la implementación de las nuevas reglas procesales en materia civil y familiar, y la modernización judicial.
Añadió que los servidores judiciales estarán a la altura de una sociedad más exigente y moderna, que demanda transparencia, apertura y mayor calidad en la prestación de servicios públicos. “Lo lograremos trabajando en equipo, estableciendo un nuevo modelo colaborativo que permita mayor eficacia en los procesos judiciales y administrativos, optimizando el presupuesto y el uso de los recursos disponibles, e impulsando una cultura de sostenibilidad”, dijo.
“Cumpliremos nuestra misión constitucional con eficiencia, prontitud, transparencia e imparcialidad, para dar cuentas satisfactorias a los ciudadanos yucatecos”, concluyó.
El Informe Anual de Actividades 2022 del Poder Judicial del Estado se encuentra disponible para las y los ciudadanos a través del portal digital institucional.