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MÉRIDA, Yuc., 3 de diciembre del 2023.- José Luis Gutiérrez, director de la agrupación AsiLegal, informó que, en Yucatán, hay mil 662 personas privadas de su libertad, de las cuales 337 son indígenas, representando el 20.2 por ciento, 105 están en prisión preventiva y 232 sentenciados.
En el caso de la población LGBTTTIQ+ hay 32 personas privadas de su libertad en Yucatán, de las cuales 6 son lesbianas, 19 bisexuales, 11 gays y 3 personas transgénero.
En este sentido, señaló que uno de los principales problemas que enfrentan las comunidades indígenas y la población LGBTQI+ respecto a la impartición de justicia, es que son víctimas del uso y abuso de la prisión preventiva, en cuanto al segundo sector específicamente, la manera en que los separan los pone en riesgo de violencia sexual dentro de la cárcel.
“Estos problemas parten de la invisibilización de estos dos sectores de la población ante el sistema de justicia y penal que hay actualmente en el país, no son visibles; hay entidades, incluso, donde las poblaciones LGBT son separadas por activos y pasivos y eso implica mayor violencia y discriminación”.
Señaló que en el caso de las personas indígenas son retenidas en prisión preventiva porque viven en otros lados que no es la comunidad o la cabecera y argumentan que pueden huir.
“Además hay que sumarle también el tema de reconocimiento a la identidad cultural y de género, todo esto es un calvario tanto para los indígenas como para la comunidad LGBTQI+”
Señaló que en el caso de las personas de comunidades indígenas, sufren la presión de la fiscalía y de la misma defensa para que no se asuma como persona indígena porque esto alenta el proceso, y lo incitan a que no diga su origen.