Los límites de la complacencia
Después del motín de la madrugada del sábado pasado en el penal de San Francisco Roben, en Campeche, vino la manifestación de quienes fueron enviados, con engaños, para controlarlo y acusaron a la secretaria de Seguridad y Protección, Marcela Muñoz, de no sólo no darles los implementos necesarios para acudir a controlar el motín sino de no ejercer el presupuesto de la dependencia para tener vehículos y equipos suficiente ni en buen estado
En una manifestación que lleva hoy cuatro días y que ha concitado el apoyo de la gente: no sólo les han llevado víveres y agua a los policías sino que les han manifestado su apoyo en la principal demanda: que dimita la secretaria y que con ella se lleve a todos sus mandos importados desde la Ciudad de México donde colaboraron con Layda Sansores en la alcaldía Álvaro Obregón.
Los policías denuncian que los 1,600 millones del presupuesto no están invertidos en la corporación; que les descuentan el 3 por ciento de su sueldo para las campañas de Morena y los obligan a hacer el “trabajo sucio” y que los llevaron a una práctica y jamás les informaron que irían al penal a un operativo que derivó en un enfrentamiento y en lesionados.
En una manifestación que lleva varios días y que ha concitado el apoyo de la gente: no sólo les han llevado víveres y agua a los policías sino que les han manifestado su apoyo.
Las quejas contra el desempeño de la funcionaria han ido subiendo de tono desde que tomó posesión.
De la expectación por ser la primera mujer secretaria de Protección, la polémica creció por un tatuaje y la recriminación por sus cirugías estéticas al inicio de su gestión hasta la recriminación por la imposición de sus hijos en Ciudad del Carmen como titular de la policía, hasta la de su hijo como vicefiscal, ambos sin mayor experiencia, pero con el consentimiento de la gobernadora Sansores.
Los policías han evitado nombrar a representantes. Dicen que para que la protesta sea de todos, todos deben ser incluidos y aunque salen voceros espontáneos las quejas han subido de tono: no les dan para gasolina, las llantas de las unidades ellos deben comprarlas, si les fallan ellos deben repararlas en los talleres de sus amigos.
Los uniformes, dicen, que antes eran con telas de primera calidad con características black out por el calor de la zona que supera los 40 grados, y hoy son simples uniformes escolares y botas sin las características oficiales para su uso táctico y policíaco.
Los agentes se dicen decepcionados porque sus instalaciones y equipos no son de primera, la alimentación es muy mala, las áreas de descanso no tienen las comodidades básicas ni aire acondicionado y añoran los tiempos en que estrenaban patrullas para suplir a las que quedaban en desuso y los cursos de capacitación permanente que los hizo ser considerados como los policías que sostenían la seguridad de un estado que presumía de ello y se codeaba al tú por tú con Yucatán y Coahuila.
Hoy la presencia de una comisión de Congreso, que evadió integrar el líder de la mayoría de Morena, no sólo fue descalificada por la gobernadora sino que acusó intromisión del PRI y de MC a quienes acusó de lucrar con el conflicto pretendiendo extenderlo.
Sólo el diputado José Luis Flores, de Morena, pero en franco enfrentamiento con el gobierno de Layda, se presentó el lunes 18 a las oficinas de la secretaría y les anunció que al día siguiente presentaría una quejas ante la Comisión de Derechos Humanos, ante la fiscalía anticorrupción y en la secretaría de la Función Pública, porque esta es una lucha pacífica.
Se preguntó que si esto le hacen a los policías qué pueden esperar los ciudadanos.
Ante la posible llegada de la Guardia Nacional expuso que no sería correcto porque los policías no están en un motín sino en franca queja por haberlos mandado al penal a enfrentar una situación grave con uniformes, chalecos, escudos y todo el equipamiento ya caduco. Fue una irresponsabilidad y si el gobierno estatal recurre al ejército porque no puede controlar un problema como éste, pues que renuncien todos porque ¿quien controla al gobierno?
Sin embargo, Layda convocó a una reunión para tratar el tema el sábado y sólo acudieron los miembros del gabinete de seguridad porque la comisión de los policías en protesta no se presentó. Nosotros, dijeron los inconformes, sólo tenemos una demanda: que se vaya Marcela y sus mandos foráneos y las cosas empezarán a mejorar.
Los planteamientos de los policías tienen sentido. Se preguntan donde está el presupuesto de 1,600 millones de pesos que tiene la corporación e indican que es el más grandes que han tenido, pero que es precisamente ahora cuando están peor las condiciones de trabajo.
A gritos, los elementos respondían que quieren que renuncie Marcela y sus mandos traídos desde la Ciudad de México, que las instalaciones estaban peor que nunca, que no les pagan ni la gasolina y que si se les poncha una llanta ellos deben cubrir los daños así como si se avería una patrulla llevarla al taller y cubrir el costo de la reparación.
El domingo, policías municipales de Tenado y Ciudad del Carmen ya se habian unido al paro y otros se decían listos para acudir al apoyo.
Por la noche del lunes, hubo una comparecencia de la secretaria de Seguridad Pública, pero no hubo acuerdos. Ella dijo que sólo la podía correr quien la nombró mientras los diputados de Morena no encontraban como ayudarla mientras la oposición hacía planteamientos sobre las exigencias de los policías y recriminaban las condiciones en que trabaja los encargados de la seguridad.
Aqui un video del paro https://fb.watch/qU9zryiLXe/