Denuncian presunto abuso policial en Izamal

“La madrugada del lunes 10 de febrero, como a las 3:30 de la madrugada, elementos de la policía estatal y municipal entraron a mi domicilio sin ninguna orden, me destrozaron puertas y ventanas y demás. Venían armados, uno de ellos me apuntó directo a la cara. Con el temor corrí y me escondí a una de las habitaciones y sólo escuchaba cómo destrozaban toda mi casa”

Así narró Verónica Leticia Burgos Pérez un vídeo en el que implora justicia por un presunto abuso de autoridad en su contra.

La mujer, habitante de Izamal, viralizó un video en redes sociales donde señala que los policías llegaron y sin previo aviso ingresaron a su domicilio y mientras ella se resguardaba en una habitación lanzaron una granada de gas lacrimógeno para obligarla a salir. 

De acuerdo con su testimonio, una vez afuera, los uniformados la golpearon, le jalaron el cabello y la metieron a una patrulla sin informar el motivo de esta detención. 

En el video pide ayuda para que el gobernador de Yucatán Mauricio Vila Dosal le apoye en conseguir justicia por este abuso de autoridad y allanamiento de morada. 

La víctima levantó una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se inició la carpeta de investigación U17GJ/116/2020. 

De igual forma, acudió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) a levantar una queja, cuyo testimonio quedó asentado en el expediente 125/2020. 

En entrevista con Quadratín, Eduardo Osorno Kuyoc, oficial de quejas y orientación de la Codhey, aclaró que la queja involucra únicamente a elementos de la Policía Municipal de Izamal, corporación que a partir de este 17 de febrero tiene 15 días para presentar su informe. 

“Primero que nada la autoridad tiene que responder el informe porque vamos a suponer que sí hubo un abuso totalmente violatorio de derechos humanos, aquí quien tiene que tomar cartas en el asunto es la autoridad municipal y sancionar a los elementos policíacos de acuerdo a su normatividad, puede ser arrestos, suspensiones, como el municipio lo actúe y si hace eso ya está resarciendo los derechos humanos que fueron violados por la policía“, explicó Osorno Kuyoc. 

Fermín Sosa, alcalde de Izamal, se negó a dar entrevista y únicamente dijo que esperará la notificación de la Codhey.

“Tendría yo que esperar a que nos lleguen las cosas”. 

Cabe destacar que, aunque año con año Yucatán mantiene una de las incidencias delictivas más bajas del país, la mitad de las quejas que se reciben por presuntas violaciones a derechos humanos son en contra de las corporaciones policiales a nivel estatal y municipal. 

De acuerdo con datos de la Codhey tan sólo en lo que va de 2020 se han iniciado 60 quejas, de las cuales 40 se iniciaron contra cuerpos policiales y de las 163 gestiones el 50 por ciento son por presuntas agresiones de la policía. 

“Estoy terriblemente destrozada, me dejaron un manojo de nervios hasta el día de hoy no concibo dormir, jamás pensé que me pasara algo así, no viniendo de las autoridades“, alertó la víctima.