Claroscuro

Informe de agravios

Hace tres años los campechanos decidieron que la coalición de Morena y el Partido del Trabajo se impusiera en una elección que terminó de dividir a Campeche en tres facciones que, hasta hoy, no han podido ponerse de acuerdo para el bien de los ciudadanos, mientras el gobierno de Layda Sansores saquea las arcas públicas desde las que no ha salido presupuesto alguno para resolver los apremios de la entidad.

Sumido en un ambiente de violencia que lo mismo se manifiesta con autos incendiados con ocupantes ejecutados, que asesinatos violentos en céntricas avenidas a plena luz del día, lo mismo en Campeche, que en Ciudad del Carmen y Escárcega o Candelaria, y enfrentamientos con armas de fuego en colonias populares, se cumple el tercer año de una gestión en la que la ausencia de la gobernadora ha dado paso a colaboradores que no sólo exhiben su incapacidad sino que imponen estrategias fallidas victimizando a quienes las realizan.

El despilfarro de Layda Sansores y su familia ha llevado al excesivo gasto en comunicación, $80 millones mensuales, a pesar de que en Campeche casi no hay medios impresos y las estaciones de radio y páginas de redes sociales subsisten gracias a mendrugos que denigran a quienes los reciben, convirtiéndolos en voceros oficiosos de un gobierno sin resultados.

Sansores admite las obras del gobierno federal y admite que en Campeche se ejecuten a pesar de que las urgencias son otras y las necesidades de empleo y ocupación siguen aumentando todos los días. La “amiguísima” del presidente no hace gestiones y el presupuesto de Campeche no se ha incrementado

El anuncio de una planta maquiladora de la industria automotriz CEWS es quizá la única empresa que se ha establecido en la entidad, pero ni con ella se evitó ser parte de los 7 estados de la república que han perdido 55 mil empleos, según datos del IMSS, el día que Sansores anuncia que se recuperaron los empleos perdidos por la pandemia. Según Inegi, sin embargo, Campeche creció su economía 5.8 muy por encima de Yucatán que lo hizo apenas en 3.9 por ciento.

La economía de la entidad no sólo es la última del país, sino que tampoco hay rendición de cuentas, como no la había a mediados de los años 60´s del siglo pasado, y las ausencias de la titular del Ejecutivo denotan que sólo compitió por el cargo más no por el servicio que deberían recibir los campechanos por la administración de los recursos de la entidad que son manejados como parte de la hacienda familiar de Sansores cuya familia también forma parte del gobierno en diferentes áreas. Tíos, tías, sobrinos, ahijados, y hasta parientes políticos son parte de una nómina que despojó de su antigüedad a muchos burócratas que, aunque siguen laborando lo hacen con ingresos mucho menos de los que tenían cuando inició la importación de funcionarios y sus equipos de trabajo.

Campeche ha retrocedido en su aportación al Producto Interno Bruto nacional en -3.78 siendo con ello el que menos lo hace y se traduce en una economía estancada, sin crecimiento y sin dinamismo, con alto desempleo y con una crisis que podría aflorar en cualquier momento si Petróleos Mexicanos no paga $380 mil millones que debe a sus proveedores campechanos básicamente en Ciudad del Carmen. Luego de una reunión con Sansores y directivos de Pemex se acordó empezar a liquidarla a principios de agosto.

La insensibilidad del gobierno y sus funcionarios ha llevado a un motín en el penal de San Francisco Kobén al que remitieron prácticamente indefensos a quienes se encargarían de realizar tres acciones a pesar de que les advirtieron que operativamente no era recomendable y que los manuales indicaban que sólo debería hacerse uno si querían tener éxito. La incursión resultó un fracaso y lejos de sancionar a los mandos operativos, todos ligados a Marcela Muñoz, se les protegió y ello derivó en una movilización policiaca sin precedente en la entidad que terminó hace unas semanas con represalias a quienes se integraron a ella en demanda de justicia y la salida de Muñoz, quien no sólo no dejó el cargo, sino que provocó un daño a la imagen de la gobernadora que ésta se niega a aceptar. Esa movilización de la sociedad ante la falta de justicia a los policías, se prolongó durante meses con la intención de doblegar a los policías que se les negaba su sueldo y prestaciones y se les abrió expediente a cada uno por diversos delitos a pesar de que ganaron un amparo para no ser arbitrariamente separados de su cargo. Alguno de ellos se dio por vencido, hasta que todos decidieron entregar las instalaciones donde se resguardaban ante promesas que hoy saben no eran reales.

Marcela Muñoz se convirtió prácticamente desde su llegada a la entidad en la secretaria menos sensible y en plena pandemia inició una aplicación de la ley que terminó por minar su popularidad al dejar a cientos de campechanos sin motocicletas que usaban para su trabajo en días en que las entregas a domicilio eran básicas por la emergencia sanitaria mundial. Con ella llegó la inseguridad, los homicidios, la presencia más clara del narcomenudeo y los más de 240 asesinatos que llevan en el trienio.

Sin embargo, la primera polémica empezó desde que sus hijos fueron colocados en puestos claves en la administración pública local poniuendo a dos de sus hijos como vice fiscal y la otra como jefa de la policía municipal en Carmen, sin que ambos acreditaran experiencia para los cargos.

Sansores le dio plenas facultades a su secretaria lo que llevó al desmantelamiento de la autoridad del secretario de Gobierno, tradicionalmente el cargo fuerte del gobierno local, a quien también le quitó la encomienda de medios, a los que desprecia cuando no se unen al coro de aplausos y porras.

Sansores cambió la fecha del informe el 7 de agosto, porque es su cumpleaños y no suele pasarlo en Campeche.

El tercer informe es un recuento del fracaso y el desprecio de Sansores y su gobierno a los campechanos.