Claroscuro

Ausencia

México se incendia. Sinaloa se debate entre la prisión domiciliaria autoimpuesta y el cambio de un gobernador que ha dejado claro que él necesita no sentirse solo mientras sus gobernados son abandonados a su suerte: 192 muertos del 9 de septiembre al 8 de octubre y 224 desaparecidos en ese periodo, por la guerra entre dos grupos del crimen organizado: los Chapitos y los Mayitos.

En Chiapas al menos 10 mil personas han sido desplazados de sus viviendas, de sus hogares por el aumento de la violencia por el enfrentamiento de los cárteles Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa y el de Chiapas-Guatemala. Refugiados mexicanos en Guatemala, ironías del destino.

La relación puede seguir por Baja California, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Chiapas, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas y podemos incluir prácticamente todos los estados donde opera la delincuencia organizada que, a ratos, comete actos de terrorismo como los de dos autos bombas estallados en distintos poblados de Guanajuato. Tan sólo en Sinaloa en 48 días van 300 personas asesinadas y el doble de desaparecidas.

En el país operan decenas de grupos delincuenciales, pero son ocho grandes carteles que generan los altos niveles de violencia en el país. Según publicó El Financiero ayer lunes, en 28 días del actual gobierno van 2 mil 100 homicidios dolosos y un gobernador en la picota ante el enfrentamiento en Sinaloa entre la Mayiza y la Chapiza, dos facciones del Cártel de Sinaloa, con presencia en las Bajas, Sonora Chihuahua, Sinaloa, Durango y Zacatecas en el Norte y centro del país y en Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

El cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en la zona centro del país y abarca desde Veracruz, en el golfo de México, a Jalisco y Guerrero, en el Pacífico.

El Cártel del Golfo tiene presencia en Tamaulipas y Nuevo León y mantiene una disputa con el Cártel del Noreste con presencia en Nuevo León y Tabasco.

También opera el Cártel de los Arellano Félix. En Baja California sostiene una disputa con el Cártel de Sinaloa. CJNG y organizaciones locales, tanto en Michoacán como en el Estado de México.

El Cártel de los Beltrán Leyva. Con presencia en Morelos, tiene disputa con organizaciones locales y algunas otras que tienen operación también en Guerrero.

El Cártel de Santa Rosa de Lima. En Guanajuato mantiene un frente abierto con el CJNG. Sólo Yucatán y Oaxaca aparecen sin grupo dominante. Ese es el saldo en seguridad provocado por la política de abrazos no balazos que hoy se padece.

Sin embargo, la percepción es que como a muchos no les ha tocado cerca, pues desestiman la ausencia de una estrategia de combate a la delincuencia y, con ello, el gobierno abdica de su principal obligación: proteger al ciudadano, imponer la ley donde se requiera y administrar los recursos de la gente con transparencia.

¿Qué incentivo tiene Claudia Sheinbaum para hacer un gobierno que dé resultados en Salud, Justicia y buena administración pública si sin esos resultados en el gobierno anterior se volvió a votar por el mismo modelo de gobierno?

A casi un mes del nuevo gobierno, la radicalización de la cuarta transformación es un hecho no sólo con la reforma al poder judicial sino con la implementación de leyes que le dan “hegemonía constitucional” al Congreso y al Ejecutivo en la que sus decisiones no podrán ser corregidas o enmendadas por la Corte aún éstas violenten los derechos humanos de los ciudadanos.

La muestra está en que Rubén Rocha Moya, el gobernador con claros vínculos con el narco en Sinaloa, no sólo fue arropado por los legisladores de Morena sino que la propia presidenta le ha dado su respaldo a pesar de que la Fiscalía General de la República acredita que no sólo hicieron un montaje para encubrir un asesinato y cambiarlo de ubicación sino también ha descubierto que ese gobernador falseó información sobre su localización el día del secuestro del Mayo y el asesinato del ex rector Cué, su adversario político más sólido.

Y en medio de ese escándalo, López Obrador cumple cuatro semanas de haber desaparecido sin que nadie sepa cuál es su ubicación. Cómo lo prometió, al menos hasta hoy, desapareció de la escena pública mientras su hijo Andy se encarga de la conducción de Morena para imponer el estilo de su padre y evitar “se olvide” su legado.

En Campeche, esa ausencia provocó que Layda Sansores inicie un nuevo discurso en el que no sólo admite los problemas que ella negó existiesen, sino que ahora demanda a la nueva presidenta obras y presupuesto que no le exigió de la misma manera a López Obrador.

Mientras en Guanajuato y en Toluca, Estado de México, las asambleas de Morena a ratos se salían de control por las pugnas al interior de ese partido. Y apenas va un mes de ausencia… los costos de la realidad no entienden de política y popularidad.