De la indignación a la propuesta

Lo mejor que ha ocurrido en medio de la tragedia por la revelación de las actividades criminales en el municipio de Teuchitlán, Jalisco es la indignación generalizada por el horror de lo descrito e imaginado a pesar de que la propiedad ya había sido intervenida por autoridades locales y federales, exhibidas por su negligencia, criminal omisión o quizá connivencia con los sanguinarios criminales, presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación. Las imágenes han dado vuelta al mundo recreando el horror del exterminio. Los indicios señalan la existencia de un campo de reclutamiento, entrenamiento y ejecuciones; no importa la ausencia de hornos crematorios o lo que sea. Allí asesinaron a muchos jóvenes sin que las autoridades hicieran algo; además fueron colectivos ciudadanos y no autoridades las que dieron con el lugar.

El interés por el caso de Teuchitlán lleva la atención a muchos otros lugares semejantes y el uso generalizado de fosas clandestinas. El país vive en una situación semejante a una guerra civil. 200 mil homicidios y más de 50 mil desaparecidos en el gobierno pasado dan cuenta de ello; criminales y autoridades concurren en el propósito de ocultar los homicidios, tornando la estadística, ficticiamente, menos dramática.

La presidenta Sheinbaum cometió uno de sus mayores desaciertos el pasado viernes. De la presidenta se demanda empatía a las víctimas, no a un expresidente que decidió dejar en el abandono a la sociedad frente a la delincuencia extrema. El lunes hubo corrección y afirmó que es una prioridad buscar a los desaparecidos y atender a sus familiares. Firmó un decreto para fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda y anunció la próxima presentación de iniciativas de reforma de ley, entre otras la creación de la Base Única de Información Forense y de la Plataforma Nacional de Identificación Humana y equiparar al delito de desaparición con el de secuestro.

Relacionar a las autoridades locales como responsables por las acciones criminales de los cárteles es impropio, en particular porque a todos compete la lucha contra la delincuencia organizada, especialmente al ámbito federal. El empeño del régimen ha sido militarizar la seguridad pública y volver a la Guardia Nacional el eje en la operación de la lucha contra el crimen. Va implícita la falta de atención a las policías locales, justo el problema; desde décadas atrás prevalece la tesis de que una fuerza pública nacional es la solución.

El Sistema Nacional de Seguridad implica no sólo la colaboración y cooperación en el combate a la criminalidad, sino que los estados cuenten con los medios institucionales y las capacidades operativas para participar eficazmente en dicha tarea. La lección que deja la realidad es inequívoca: los estados con los mejores resultados son aquellos donde no existe impunidad porque hay buenas policías, un sistema de justicia que sanciona y un régimen penitenciario que impide que el crimen se reproduzca.

La indignación no puede quedar en el ciclo de emoción colectiva para que en unas semanas se pierda la atención y quedar igual, hasta que otro acontecimiento ofrezca la renovada evidencia del horror que se vive en muchas partes del país. Es imprescindible pasar a la propuesta desde todos los frentes, empezando por reconocer la gravedad y magnitud del problema de los desaparecidos y la necesidad de fortalecer a las instituciones para una respuesta de Estado. Los colectivos surgidos en la búsqueda de desaparecidos son un espléndido capital humano para emprender esta tarea, también iniciativas como las de Plataforma Ciudadana de Fosas deben recuperarse y fortalecerse; realizan con mucho esfuerzo y encomiables resultados tareas que corresponderían a las autoridades nacionales. Las reformas anunciadas este lunes son un paso en la dirección correcta, pero se requiere desarrollar modernas y eficaces unidades forenses en las instancias locales a fin de dar una respuesta confiable, oportuna y humanitaria en la identificación de restos humanos.

En este ejercicio de auténtica reconciliación con las víctimas y con la justicia, el gobierno federal debe asistir al reencuentro de una responsabilidad fundamental en la lucha contra el crimen organizado. No sólo se trata de combatirles con determinación y llevar al criminal a la justicia, también de poner en el centro de la mesa a las víctimas. Una realidad dolorosa; quizá la más oprobiosa del horror de hoy es la de miles de familias que buscan una respuesta. Fundamental pasar de la indignación a la propuesta.