Adiós a las reglas

El efecto más claro con la destrucción de la autonomía e independencia del Poder Judicial Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el arribo de un nuevo régimen político, tránsito de una democracia imperfecta a un régimen autocrático, a una tiranía. Adelante no habrá contención al poder fundada en la constitucionalidad de los actos de autoridad y las decisiones del poder legislativo; todo dependerá de quien o quienes detenten el poder.

No es el caso de invocar la baja participación como razón de ilegitimidad, aunque por su escandalosa expresión, no puede desdeñarse. Si hubiera habido una afluencia razonable de votantes a las urnas no cambiaría la situación. Para el caso concreto el diseño del proceso para seleccionar candidatos y elegir juzgadores representativos dio lugar a una grosera y ofensiva farsa. De cualquier manera, la elección popular no es el medio para seleccionar a juzgadores independientes, capaces e idóneos. Ningún país civilizado entrega al voto popular la selección de sus jueces porque se trata de elegir a los mejores y eso no pasa por las limitaciones de un proceso electoral, aún bajo el supuesto de que fuera impecable.

Las virtudes de los seleccionados hoy se vuelve argumento, sin considerar que el modelo de nuevo poder judicial no cumple con las premisas básicas de autonomía e independencia del juzgador para emitir sus resoluciones. En delante, toda decisión es revisable por la vía de la remoción por un órgano de última instancia a partir de consideraciones imprecisas; por lo mismo, discrecionales y arbitrarias. El juez podrá ser removido con toda facilidad por un órgano parcial en su integración y conforme a una indiscutible sumisión política.

Sorprendente, por decir lo menos, el voto de confianza que se dispensa al nuevo presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz. Todavía más que eso venga de quien fuera la candidata presidencial de la oposición mayor, Xóchitl Gálvez. El tema no es su trayectoria, origen indígena o visión de la justicia, lo que importa es que su condición de presidente del órgano jurisdiccional queda comprometida cuando hay una instancia superior con poderes amplísimos para revisar resoluciones y remover sumaria y discrecionalmente a todo funcionario judicial, incluyendo magistrados y ministros. Preocupante en extremo que la oposición no entienda el tránsito del régimen democrático a la autocracia y la lógica de poder implícita.

Lo más relevante del colapso del régimen democrático es la muda de un régimen de reglas y procesos, a otro en el que importan las personas que detentan el poder. La precaria cultura ciudadana y la incipiente vida democrática impide entender que en delante la justicia se resuelve por quienes ocupen las posiciones de poder. Para no pocos, incluyendo a las élites económicas, sin duda, la oligarquía, les viene mejor un régimen en el que impere la discrecionalidad del que manda, en lugar de un sistema de reglas; tránsito de la certeza de derechos al sistema de gracia y favores. Un sistema judicial independiente es obstáculo, disfuncional a la naturaleza del sistema político que da origen a la destrucción del Poder Judicial Federal.

El diseño de un nuevo sistema judicial tiene efectos perniciosos en la República; también en la función jurisdiccional, tarea técnica, que requiere de experiencia y de procesos complejos que el régimen no ha previsto por perversidad e ignorancia. La reforma representa un golpe de Estado a uno de los poderes de la Unión. Llegan a esta tarea no los mejores o idóneos porque una elección popular privilegia a los representativos, y si el proceso está pleno de vicios, prevalecen los candidatos de quienes mandan. La mejor evidencia: la correspondencia de los electos con los nombres en el acordeón oficial. La elección estaba decidida de antemano, como previó con claridad el constitucionalista Diego Valadés.

El abandono de un régimen que se regula a partir de las reglas conlleva implicaciones profundas para la seguridad jurídica y para la sociedad que queda expuesta a los que mayor presión pueda ejercer al juzgador. Se asume que será el régimen político; pero, ante la ausencia de reglas gana la influencia por la vía del dinero o la intimidación. A pesar del tribunal de disciplina judicial se perfila la descomposición de la judicatura, y en la base mediocridad, venalidad y parcialidad. Será cualquier cosa, no justicia, a imagen y semejanza de la farsa de elección que los llevó al poder, que fue todo, menos democrática.