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MÉRIDA, Yuc., 8 de julio del 2025 – Maribel Pech Ramírez, madre de un niño de 11 años, denunció públicamente la falta de respuesta de las autoridades ante el incumplimiento del pago de pensión alimentaria por parte del padre de su hijo, quien desde 2022 ha evadido sus responsabilidades legales.
De acuerdo con su testimonio, el proceso legal comenzó hace tres años, sin que hasta el momento se haya logrado que el deudor cumpla con las obligaciones alimentarias correspondientes.
“Cada vez que se le hace llegar un citatorio a su centro laboral, simplemente se retira y evita recibirlo. Así ha pasado durante todo este tiempo”, declaró Maribel.
Recientemente, decidió interponer una denuncia penal con el objetivo de dar un nuevo rumbo a su caso y buscar justicia para su hijo, quien desde los ocho años ha estado al margen del apoyo económico de su padre.
“Mi hijo ha estado muy enfermo, tengo constancias médicas que lo comprueban, y yo he tenido que dejar mi empleo formal para poder cuidarlo y mantenerlo. Trabajo en tianguis, hago ventas en casa, lo que sea necesario para sacarlo adelante”, compartió.
Pech Ramírez forma parte de un creciente grupo de madres que se han sumado al movimiento de Ley Sabina en Yucatán, en busca de respaldo legal y colectivo frente a los casos de deudores alimentarios.
“Aquí he recibido orientación, apoyo, y sobre todo, acompañamiento. Me siento segura y acompañada por otras mujeres que viven situaciones similares”, expresó.
Finalmente, hizo un llamado a otras madres que enfrentan circunstancias parecidas para que se acerquen a colectivas como la que lidera Siloé en la entidad.
“Es importante alzar la voz y exigir que las infancias tengan garantizados sus derechos. No estamos solas, y juntas podemos luchar por lo que les corresponde a nuestras hijas y nuestros hijos”, afirmó.