Buscan desde el Congreso prevenir la violencia digital

MÉRIDA, Yuc., 6 de agosto de 2025.- En un ejercicio de participación ciudadana, se llevó a cabo una jornada de mesas de trabajo en el Congreso del Estado de Yucatán con el objetivo de enriquecer la iniciativa que plantea incorporar al Código Penal del Estado los delitos de ciberacoso y ciberacoso sexual, definiendo de manera clara las conductas que constituyen dichos ilícitos, sin dejar de garantizar la libertad de expresión y los derechos humanos.

El evento se realizó mediante un trabajo coordinado entre el Instituto de Investigaciones Legislativas, la Dip. Clara Paola Rosales Montiel y la asociación civil Igualdad Sustantiva Yucatán, que actualmente trabaja en la elaboración de un Protocolo de Atención Psicoemocional y Jurídica para víctimas de violencia digital.

Durante esta jornada, las y los participantes compartieron testimonios, preocupaciones y propuestas en torno a las violencias que ocurren en entornos digitales, las cuales —advirtieron— generan un fuerte impacto en la salud mental y emocional, especialmente en mujeres, adolescentes y juventudes.

En su intervención, la diputada proponente Clara Paola Rosales Montiel (morena) destacó que Yucatán ocupa el primer lugar a nivel nacional en casos de ciberacoso, tanto en mujeres como en hombres, por lo que resulta urgente actualizar el marco legislativo para garantizar el acceso a la justicia a quienes han sido víctimas de este tipo de violencia.

“Nuestras leyes deben eliminar términos ambiguos, para que ministerios públicos y juzgadores cuenten con mayor claridad al momento de sancionar estas conductas. El ciberacoso y el ciberacoso sexual tienen consecuencias reales en la vida de las personas, afectando su salud emocional y psicológica”, subrayó Rosales Montiel ante las y los asistentes reunidos en la Sala de Usos Múltiples “Maestra Consuelo Zavala Castillo”.

Las mesas de trabajo forman parte del proceso de análisis previo a la discusión de la iniciativa en las Comisiones Permanentes del Congreso del Estado. La actividad contó con la participación de personas de la sociedad civil, colectivas feministas, estudiantes y público en general, quienes realizaron valiosas aportaciones para fortalecer el marco legal en la materia.