Aumento en denuncias no significan más casos de violencia: UADY
MÉRIDA, Yuc., 23 de noviembre de 2020.- Activista e integrantes de colectivos feministas, aseguraron que la reestructuración de la Unidad de Feminicidios de la Fiscalía General del Estado (FGE) es un retroceso y se podría considerar violencia institucional pues aseguran, la creación de esta Unidad es un derecho estipulado en la Ley.
La semana pasada, la FGE dio a conocer que como parte de una “reestructuración y fortalecimiento” de la institución se había determinado que el personal destinado a la Unidad Feminicidios, pasaría a la de Homicidios para “darle mayor celeridad a los procesos y mejor atención a casos de feminicidios y violencia contra la mujer”, lo decisión estuvo a cargo de Rafael Pinzón Miguel, encargado de la dependencia.
Al respecto, Adelaida Salas Salazar, del Observatorio Nacional de Feminicidios, precisó que, si esa decisión “unilateral” se tomó basada en un estudio de cada área, “que envié el estudio para conocerlo, porque redujo a un tercio una unidad tan importante, sobre todo cuando están en proceso audiencias de vinculación y varios juicios que deben ser atendidos por esa unidad”.
“A tan solo unos días de nombrarse un nuevo titular de la Fiscalía, no parece oportuno realizar modificaciones si no se ha expuesto una evaluación y presentado un Plan de acción estructural. En todo caso, eso le correspondería al nuevo Fiscal General y no a él (a Rafael Pinzón), ya que las reestructuraciones siempre deben corresponder a una planeación estratégica que lleva a cabo el o la Fiscal en funciones”, se puede leer en el comunicado firmado por al menos 15 representantes de organizaciones.
Teresa Campos del Observatorio Nacional de la Violencia, puntualizó que en el marco del 25 de noviembre, el gobernador Mauricio Vila podría pronunciarse y dar marcha atrás a esta acción que deja sin protección a las mujeres de Yucatán y deja abierta la idea de que “el que quiera puede estar violentando a las mujeres”.
Por su parte, la académica Rocío Quintal, enfatizó en la exigencia de que “se retracte el fiscal interino porque se trata de avanzar en la construcción de garantías, no de retroceder, si bien no se decretó la alerta de género cuando se pidió, con esta acción se podría volver a solicitar y bajo este panorama las condiciones están dadas para que se active”.
De acuerdo con los datos proporcionados por las integrantes, 2020 se han registrado al menos 12 feminicidios, 8 más que en 2019 cuando se cerró el año con 4 feminicidios. Además, precisaron que entre los 10 municipios más violentos están Motul, Río Lagartos, Kanasín, Tizimín y Progreso, en cuanto a la Unidad, señalaron, si bien se pretendía que atendiera a todos los municipios, solo se centra en Conkal, Ucú y Mérida.