Presupuesto 2022 para Yucatán alineado a la política de austeridad: SGG

MÉRIDA, Yuc., 5 de diciembre de 2021.- El Poder Ejecutivo estatal tiene como prioridad, en su propuesta de egresos e ingresos para 2022, la recuperación de la economía de las familias yucatecas, la atracción de inversiones y de turismo, así como la protección al medio ambiente, que contribuyan a la generación de empleos mejores pagados, expresó la titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), María Fritz Sierra, durante la comparecencia realizada este día ante diputadas y diputados de la LXIII Legislatura.

En compañía de la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), Olga Rosas Moya, y el director General de la Agencia de Administración Fiscal (AAFY), Fernando Rosel Flores, la funcionaria recalcó que la iniciativa presentada este día busca seguir transformando para bien a Yucatán. 

“Es un presupuesto alineado a una política de austeridad, disciplina fiscal y el equilibrio financiero, que contempla el impulso a la reactivación económica y el fortalecimiento a la red de protección social, salud, educación y seguridad, así como la protección al medio ambiente, con la seriedad y compromiso que estos temas requieren”, explicó la titular de la SGG.

Este presupuesto, informó la titular de la SGG, continuará con la política de no aumento salarial para mandos medios y altos de la administración pública; por el contrario, añadió, la inversión pública crecerá 133% y los municipios también serán favorecidos por 6.1% más. 

En su intervención, la titular de la SAF recordó que, desde el año 2018, Yucatán ha sufrido recortes federales, lo cual ha obligado a la actual administración a tomar una serie de medidas para compensar esa falta de recursos, sin dejar de atender las prioridades y sin poner en riesgo las finanzas estatales.

Por ello, Rosas Moya enfatizó que, a pesar de los recortes, el embate de la pandemia y los 6 fenómenos naturales que afectaron en los últimos 2 años, vamos bien, y así lo demuestran los hechos y las cifras. Ante ello, resaltó que el Gobierno actual ha aprendido a lograr más con menos y enfrentar eventos extraordinarios con recursos ordinarios, todo un reto para una administración estatal.

Respecto de los recortes presupuestales que ha sufrido el territorio, Rosa Moya recordó que, en los últimos 3 años, desde 2018 hasta 2021, la reducción fue de 21%, que se traduce en 5,127 millones de pesos menos, a pesar de que la población y las necesidades siguen aumentando.

De igual manera, expuso que, para reducir el gasto total y mantener el equilibrio en las finanzas estatales, se implementó diversas medidas para compensar la falta de recursos, por lo que, este año, se dejó de gastar 7 mil millones de pesos, a fin de mantener la estabilidad, como el Plan de Austeridad y recortes en el gasto administrativo, sin afectar la operación y servicio públicos, además de que se mantuvo suspendidas actividades no esenciales.

 Sin embargo, explicó Rosas Moya, esas partidas ya son indispensables para reactivar la parte operativa del Gobierno, como limpieza y mantenimiento, entre otros. Para lograr el ahorro de mil 900 millones en 2020 y de 2 mil 291 millones este año, dijo, se realizaron varias acciones, como la reingeniería administrativa, para eliminar entidades y plazas.

También, continuó, se emprendió gestiones en torno al caso del Hospital de Ticul, con lo que se evitó el pago de 2 sentencias en contra del Gobierno del Estado: una por 600 millones de pesos y otra por 62 millones. Este problema, heredado de la anterior administración, ya está resuelto, y a punto de reiniciarse la construcción del Hospital de Ticul, cuyos servicios beneficiarán a miles de familias del sur del estado.

Por su parte, el director General de la AAFY dio detalles sobre las reformas a la legislación correspondiente, así como adecuaciones que se contempla para el presupuesto del próximo año, entre las que se incluye la adición de 15 derechos, reformar 14 y abrogar 4, a fin de fortalecer el marco jurídico y adecuarlo a la realidad actual.

Rosel Flores, informó que, en el proyecto presupuestal, se contempla 2 nuevas contribuciones verdes, una por la Emisión de Gases a la Atmósfera y otra por los Contaminantes al Suelo, Subsuelo y Agua, dirigidas a empresas que trabajen con este tipo de sustancias, para incentivarlas a invertir, por ejemplo, en plantas de tratamientos de agua.

Con estas nuevas disposiciones para mitigar el cambio climático y salvaguardar la calidad del aire y el subsuelo del estado, las empresas que emitan gases contaminantes o que apliquen residuos, sólidos o líquidos al subsuelo tendrán que cubrir las respectivas obligaciones tributarias, puntualizó el funcionario estatal.

 Ante ello, el director general de la AFFY explicó que dichas contribuciones no las cubrirán los ciudadanos, sino las empresas y en el caso del estado solo existen alrededor de 150 compañías, la mayoría multinacionales, que emiten este tipo de contaminantes, ya sea al agua, al aire o al subsuelo.