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MÉRIDA, Yuc., 12 de diciembre de 2022.- De acuerdo con Rosa Cruz Pech, dirigente UADY Sin Acoso, la actual administración de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) se está yendo rechazando las mejoras en el protocolo de prevención, atención y sanción de la violencia basada en el género y discriminación.
Además de irse rechazando la posible mejora de un documento que, a criterio de la entrevistada no es funcional, dijo que la administración de José de Jesús Williams también ignora la situación actual de la universidad, aunado a que demostraron incapacidad de escuchar a organizaciones estudiantiles para buscar mejorar el documento.
Debido a esta situación, la activista comentó que la agrupación que dirige comenzará en enero próximo una campaña en donde estarán trabajando en compartir información clara sobre los motivos por los cuales el actual protocolo no es funcional, pese a que la universidad insista lo contrario, además de que buscarán ampararse.
“Vamos a meter algunos amparos por el tema de las formas en que se llevaron los procedimientos”, indicó Cruz Pech, en referencia de que en un mes se analizó la propuesta de un nuevo documento que realizaron a través de dirigentes estudiantiles, análisis que se hizo sin transparencia y sin inclusión de las partes involucradas.
“Simplemente hicieron un cuadro comparativo del actual protocolo con el nuestro. En el dictamen dicen que lo rechazan por fiabilidad y dan como una serie de comentarios no justificados diciendo que el actual es funcional y está pegado a derechos humanos y así se queda, pero en el propio dictamen dicen que va a analizarlo”, refirió.
Pese al rechazo, la activista admitió que la resolución era de esperarse, algo que no le sorprendió, ya que “la Universidad nunca iba a reconocer o aceptar que su protocolo es inválido y, por tratarse de asociaciones estudiantiles con quienes siempre ha discutido, no iban a querer dar apertura”.
Finalmente, la entrevistada señaló que la comunidad estudiantil en la UADY necesita un protocolo que sea capaz de garantizar los derechos y la justicia para su propia comunidad y el documento actual no lo está haciendo, algo que ha quedado evidenciado con el caso de Valeria de la Prepa 2, donde metieron otros procedimientos ajenos al protocolo.