Presentan iniciativa para nueva Ley de Educación

MÉRIDA, Yucatán, 11 de junio de 2020.- El gobernador Mauricio Vila Dosal envió al Congreso del Estado a través del Consejero Jurídico, Mauricio Tappan Silveira, una iniciativa para una nueva Ley de Educación en el Estado.

La iniciativa de 108 páginas, contempla varias acciones que contribuyen a que el sistema educativo en el estado garantice una profesionalización y capacitación continua de maestras y maestros, además de que el estudiante tenga una educación inclusiva, humanista, multicultural e integral.

Con esta nueva ley se pretende lograr el desarrollo integral del estudiante, incentivando el pensamiento crítico y fortaleciendo su sentido de solidaridad y de respeto a los derechos humanos.

“Esta iniciativa contempla mecanismos y consideraciones que refuerzan el deber de la autoridad para garantizar la seguridad y salud física y mental de los alumnos, así como disposiciones que tienen como propósito reconocer a los planteles escolares como establecimientos fundamentales para la prestación del servicio público educativo y el desarrollo comunitario, buscando su dignificación”, se dio a conocer mediante un comunicado de prensa.

Asimismo, se pretende implementar y aplicar protocolos de activación de manera más ágil en temas de violencia emocional o sexual, maltrato infantil, discriminación, en caso de accidentes o, incluso, en caso de sustracción o desaparición de menores, como lo ha aprobado la legislatura actual recientemente.

Además, que exista una participación activa de educandos con docentes, padres y madres de familia y actores involucrados en el proceso de la educación y como mexicanos promueve la unidad nacional, la solidaridad, el valor de la justicia, la educación bilingüe e intercultural, la tolerancia, el respeto, la educación digital y vial.

Dentro de este documento, también se apoya un sistema estatal de becas, créditos y estímulos para incentivar la permanencia de los estudiantes en las escuelas.

Los planteles escolares deberán contar con los espacios y ser operativos para los fines de aprendizaje integral y su personal docente y administrativo debe ser capacitado para apoyar el proceso educativo, incluidas personas con discapacidad.

Se mantiene lo aprobado por la actual legislatura para que en cada institución haya trabajadores sociales que puedan atender problemas como el acoso escolar o la violencia física y psicológica.