Habrá Ley Seca este domingo en Mérida, Izamal y Chichimilá
MÉRIDA, Yuc., 26 de enero de 2024.- El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán aprobó los gastos máximos de campaña que podrán erogar los partidos políticos y sus candidatas y candidatos durante las campañas electorales para la gubernatura, diputaciones y regidurías en el Proceso Electoral Local 2023-2024.
Con lo anterior, para la gubernatura, el gasto máximo de campaña será de $98,899,839.47 en tanto que para las diputaciones y regidurías serán variables de acuerdo con diversos factores establecidos en la legislación electoral, entre ellos, el padrón electoral con corte al 31 de diciembre del 2023.
En el caso de las diputaciones, el gasto máximo más alto será en el Distrito 4 con hasta $5,255,439.42 y el mínimo será en el Distrital 10 con hasta $3,694,474.25, mientras en la elección de regidurías, el gasto máximo más alto se dará en el municipio de Mérida con hasta $45,509,267.90.
Durante la sesión extraordinaria en la modalidad presencial híbrida, el Consejo General también aprobó los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral con emblemas y la bolsa PREP que se utilizará en el Proceso Electoral y que fueron elaborados cumpliendo con la normativa señalada en el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.
De la misma manera, se aprobó el diseño de la documentación electoral con emblemas para el voto de las y los yucatecos residentes en el extranjero bajo la modalidad electrónica por Internet y la modalidad electrónica presencial en módulos receptores de votación, cuyos modelos también fueron elaborados cumpliendo con la normativa señalada en el Reglamento de Elecciones del INE.
Entre otras cosas, el Consejo General aprobó un acuerdo mediante el cual se da respuesta a la solicitud formulada por la representación del partido Morena en relación a la designación de una coordinadora distrital, que posteriormente, renunció formalmente al cargo.
En la misma sesión, se acordó cancelar la calidad de aspirante a la candidatura independiente de la gubernatura del Estado de un ciudadano, por considerar que incumplió con algunos requerimientos de Ley.