Brecha digital no debe convertirse en un nuevo rostro de desigualdad

MÉRIDA, Yuc., 25 de septiembre de 2020 .- Aunque más del 67 por ciento de la población ya estaba conectada a internet antes de la pandemia, el 46 por ciento de los niños entre 5 y 12 años viven en hogares sin a internet; son alrededor de 32 millones de menores que están excluidos de la educación telemática.

La pandemia del Coronavirus ha evidenciado la necesidad de contar con una economía digital sólida para no perder el tren de la competitividad ni ampliar las brechas de desigualdad, de género y de baja productividad de la región.

Por ello, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) lanzó este jueves un informe sobre perspectivas económicas en el que advierte que la transformación digital puede representar una salida a la crisis económica y social provocada por la pandemia de Covid 19, en una región donde podrían cerrar 2,7 millones de compañías, la mayoría de ellas microempresas.

Esta cifra supondría la pérdida de 8.5 millones de puestos de trabajo en un mercado laboral que, previo a la crisis de la Covid 19, contaba con un 40 por ciento de los trabajadores sin acceso a ninguna clase de protección social y donde el 60 por ciento labora de manera informal.

“Esta crisis ha evidenciado algo fundamental que resaltamos en el informe y es que la digitalización hoy es un bien básico y necesario pero nuestra región aún tiene 40 millones de hogares sin conectividad a internet que no pueden participar en teletrabajo o teleducación”, alertó la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena.

Se necesitan intervenciones urgentes para respaldar la recuperación socioeconómica 

La crisis del Covid 19 está llevando el crecimiento del PIB a mínimos históricos en toda la región de América Latina y el Caribe, aumentando así la pobreza y la desigualdad. Se han acometido intervenciones en el ámbito de las políticas para preservar las capacidades humanas, productivas y financieras. 

Sin embargo, las capacidades financieras e institucionales son limitadas y los problemas estructurales, como la elevada informalidad, la baja productividad y la vulnerabilidad socioeconómica, acentúan la necesidad de adoptar medidas enérgicas y eficaces. 

De acuerdo al informe, los desafíos creados por esta crisis son numerosos, pero la adopción de sólidas políticas públicas y alianzas, tanto a escala nacional como internacional, puede convertir este complicado escenario en una oportunidad para redefinir el contrato social, dando prioridad al bienestar de las personas.

Este proceso participativo debe contribuir a definir e implementar sistemas de protección social más sólidos, una mejor y más accesible atención sanitaria, unas finanzas públicas más sanas y progresivas y unas estrategias productivas más inclusivas y sostenibles.