Reportan alta participación para elegir comisarios en Mérida
MÉRIDA, Yuc., 10 de agosto de 2021 .- El alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, está actuando sin responsabilidad para el esclarecimiento del asesinato de José Eduardo Ravelo; se debe remover de sus funciones al director de la policía municipal, Mario Arturo Romero Escalante, señalaron activistas y defensores de derechos humanos.
“El alcalde se lava las manos y minimiza la situación, tiene cero responsabilidad. El director de la policía no ha declarado nada y a estas alturas, como dice el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, era para que ya renuncie o lo remuevan de sus funciones”, señaló en entrevista, Alex Orué, miembro del Colectivo por la Protección de todas las Familias.
Resaltó la importancia de que este suceso tenga una profunda investigación y principalmente, una reestructuración en la policía municipal, que sea transparente para erradicar este tipo de prácticas en la policía que debería estar velando y protegiendo al municipio.
Por su parte, Muñeca Aguilar Martínez, fundadora del Comando Trans Interseccional, también se suma al llamado para que remuevan de su cargo a Romero Escalante.
“Considero que sí debe ser removido y que debe de dar una postura y pronunciarse. ¿Qué es lo que están haciendo para remediar el caso?. No se puede remediar pero exigimos que se les brinde capacitación a toda la flota de policías”, detalló.
Con respecto al video que publicó el alcalde de Mérida, el pasado 7 de agosto, en donde catalogó “en extrañas circunstancias” el fallecimiento del joven veracruzano, Alex Orué dijo que fue “una respuesta tardía e insensible” a la madre de José Eduardo Ravelo, debido a que pasaron varios días para que el presidente municipal se pronunciara.
“En su respuesta, el alcalde aprovecha para minimizar las cosas, llama a esto como un fallecimiento en extrañas circunstancias, en lugar de llamarlo por su nombre, cuando la fiscalía ya había dicho que el fallecimiento fue un asesinato”, señaló.
Recordó que diversas organizaciones como Indignación, Aministía Internacional y Derechos Humanos, han documentado, por años, los casos de tortura que ejercen los elementos policiacos en la entidad, por lo que “no son extraños ni son casos aislados”.