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MÉRIDA, Yuc., 19 de Abril de 2020.- La Comisión Ciudadana que vigila la operación del programa Seguro de Desempleo, realizara un análisis minucioso de 361 casos denunciados vía redes sociales y que presentan irregularidades.
Entre éstos se encuentran matrimonios en los que ambos obtuvieron el beneficio, por lo que uno de ellos será dado de baja, estos no fueron detectados en el primer filtro debido a que sus Claves Únicas de Registro de Población (CURP) no estaban vinculadas, por lo que ante los señalamientos ciudadanos, se decidió corroborar de nuevo utilizando otras herramientas y cruzando con la base de datos más ampliada del Registro Civil.
También se presentaron casos de funcionarios de nóminas federales que aplicaron, esto debido a que no se pudo tener acceso a esa base de datos, por lo que al comprobarse ya fueron dados de baja del programa.
Desde este sábado y luego de la publicación de los resultados, decenas de personas realizaron denuncias vía redes sociales donde señalaban a presuntos beneficiarios qué resultaron seleccionados y no cumplían con las reglas de operación.
Estos mensajes llegaron al gobernador Mauricio Vila, quién pidió le hicieron llegar los nombres de estas personas para que se revisará cada caso; luego de esto anuncio el análisis de posibles inscripciones dolosas.
Mediante un comunicado de prensa señaló que de comprobarse esto, el comité dará de baja de manera inmediata a quien no cumpla los requisitos y se reasignará el apoyo a otras personas que participaron en el proceso de solicitud y no pudieron recibir el beneficio.
Los primeros casos de esta anulación de beneficios por postulación dolosa ya se están llevando al cabo, tanto en el caso de un empresario dueño de varios taxis y la de integrantes de una familia de empresarios en Tizimín, reportados en redes y medios locales. Ambos casos ya fueron dados de baja del padrón de beneficiarios.
Los espacios que quedan libres debido a estas situaciones serán sustituidos, de acuerdo al orden de prelación, por quienes quedaron en la lista de solicitudes válidas para que no alcanzaron a ser beneficiarios debido a la falta de presupuesto.