Declaran inconstitucional sancionar el trabajo sexual en Mérida

MÉRIDA, Yuc,, 30 de octubre de 2020.- Por resultar contradictorio el artículo 15, fracción VI del Reglamento de Policía y Buen Gobierno de la Ciudad de Mérida que sanciona el trabajo sexual en la vía pública, a los artículos 1 y 5 de la Constitución Federal que establecen el derecho a la no discriminación y al trabajo, respectivamente, la Jueza Tercero de Distrito en Yucatán determinó que dicha norma representa una discriminación que vulnera el derecho al trabajo. 

Como se recordará, el pasado mes de agosto 16 trabajadoras sexuales se ampararon contra los constantes operativos, detenciones arbitrarias, persecución, extorsión, amenazas, hostigamiento, robo e incluso actos que podrían ser considerados como tortura, cometidos en su contra por parte de elementos de la Policía Municipal de Mérida.  

A través de comunicado de prensa el grupo Indignación A.C. y Unasse, informaron que ante la resolución de la Jueza, el actuar de la policía municipal resulta inconstitucional pues con el argumento de preservar “la dignidad de las personas”, significa “mantener concepciones y prácticas discriminatorias en contra de las personas que se dedican al trabajo sexual remunerado por cuestiones de moralidad”. 

“A partir de la declaración de inconstitucionalidad la Jueza ordenó al Ayuntamiento de Mérida, al Presidente Municipal, al Secretario de Gobierno municipal y al director de la Policía Municipales de Mérida, que no apliquen la fracción VI del artículo 15 del citado Reglamento municipal a las trabajadoras sexuales, con lo cual éstas podrán realizar su labor sin ningún tipo de restricción por parte de las autoridades municipales”. 

Ante dicha sentencia Grupo Indignación y Unasse exigen al gobierno municipal frenar el acoso hacia las trabajadoras sexuales, así como modificar el Reglamento municipal de la Policía y buen gobierno para garantizar las condiciones de seguridad para las trabajadoras sexuales.  

“Reiteramos que es obligación de toda autoridad de promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos y de prohibir todo tipo de conducta discriminatoria establecida en la Constitución, así como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte” puntualizaron.