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MÉRIDA, Yuc., 15 de julio de 2021.- Sesenta familias que invadieron un terreno junto al fraccionamiento El Roble Alborada, durante la actual pandemia sanitaria, piden al gobierno del estado que regularice los terrenos que colindan con una sascabera en un terreno ubicado en calle 75 A por calle 12 del mencionado fraccionamiento.
Al iniciar la pandemia muchas de estas personas se quedaron sin trabajo y no tuvieron la posibilidad de seguir pagando renta por lo que invadieron la franja de terreno del final del fraccionamiento El Roble Alborada que pertenece a los ejidatarios del Cinco Colonias, señalo Fidelio Aldair Pech Camarero representante de los vecinos.
En su caso, dijo, no tenía donde vivir y llegó a la zona donde hay otras invasiones, sin embargo, le pedían 15 mil pesos para ocupar un lote, como no tenía el dinero y su esposa estaba embarazada, decidió ocupar un terreno que colindan con la sascabera en la calle 75 por calle 6, donde llegaron a vivir en medio del monte, sin agua, sin energía eléctrica, ni drenaje.
De 24 años de edad y de oficio pintor de casas, dijo que fueron varios meses que vivieron entre el monte y tuvieron que lidiar con mosquitos, tarántulas y hasta una serpiente de tres metros que mataron entre los vecinos, sin embargo, cuando empezó la pandemia en sólo dos semanas llegaron más de cincuenta familias pidiendo un terreno para levantar su casa.
Junto con los primeros vecinos fraccionaron los lotes para que todos tuvieran partes iguales (10 metros de frente por 20 de fondo) y establecieron las reglas: vivir los predios de forma real y no simulada, asistir a las juntas de los domingos y participar en los trabajos comunitarios, así como respetar a los vecinos y no generar problemas.
La señora Deyanira Gutiérrez Sánchez, madre soltera de tres niñas, señaló que cuando empezó la pandemia se quedó sin trabajo y ya no logró pagar la renta, por lo que tiene más de un año de vivir en la invasión junto con su hermana.
La mujer señala que para salir adelante abrió una de las dos tiendas que hay en la invasión, añadió a que están dispuestos a pagar por los terrenos siempre y cuando les den facilidades.
Adrián Chan quien tiene casi dos años de haber llegado, sostuvo que también pagaba renta y cuando se quedó sin trabajo lo sacaron de la casa porque ya no pudo pagar, agregó que pasaron los huracanes y tormentas entre el agua y ya que las casas, en su mayoría, eran de cartón se metía el agua y perdieron muchas cosas.
Por su parte, Roger Mena Torres, quien rentaba casa en el municipio de Kanasín, señaló que fue despedido de su empleo al empezar la pandemia y, aunque vive sólo, de plano no tenía dónde vivir y tuvo suerte porque cuando supo de la nueva invasión llegó y alcanzó un pedazo de terreno.
Guillermo González de oficio herrero, vivía con su esposa y sus dos hijos en Ciudad Caucel pero ya no tuvo oportunidad de seguir pagando renta, sin embargo, según indica, por fortuna le tocó un lote donde ha instalado su taller, además de que participa en las labores comunitarias todos los domingos.
El señor Malaquías Canul de 61 años de edad, era empacador en un súper mercado y cuando empezó la pandemia ya no tuvo trabajo ni forma de pagar la renta, pero, dijo, por fortuna se enteró la de invasión y le tocó un lote.
En tanto, Fidelio Aldair dijo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les informó que no podían estar colgados del poste pero si tenían calles y número de predio podían hacer una solicitud formal con un plano, construir la base de su medidor y pagar 2 mil 500 pesos por la instalación para que se pudiera electrificar el asentamiento.
El hombre comentó que, sin contar con conocimientos técnicos y sólo con su sentido común, pidió una cooperación para contratar maquinaria pesada para hacer el trazo de las calles, cada vecino construyó la base de su medidor y desde hace cuatro meses pagan por el servicio eléctrico a la CFE, además habilitaron un pozo abandonado y compraron una bomba para abastecerse de agua.
La demanda general de las familias que invadieron este terreno, ubicado muy cerca del periférico de Mérida, a la altura del puente de la carretera a Campeche, es que el gobierno regularice los predios y sea mediador para pagar los terrenos a los ejidatarios de Cinco Colonias.