
Repartidor de comida lesionado tras distraerse y chocar contra vehículo
MÉRIDA, Yuc., 29 de octubre de 2021.- Este día el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, emitió su posicionamiento tras el informe de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la muerte de José Eduardo Ravelo que supone que el joven no sufrió tortura ni violación por parte de policías municipales.
Al respecto, el edil señaló: “desde que tuvimos conocimiento de este lamentable hecho ocurrido en el mes de agosto al joven José Eduardo Ravelo Echavarría, el Ayuntamiento de Mérida reiteró su compromiso con el Estado de Derecho en espera de que, a través de un detallado proceso de indagatorias e investigaciones, las autoridades competentes dieran a conocer el resultado de este caso”.
De igual modo, reiteró que el Ayuntamiento proporcionó toda la información disponible y solicitada en torno al caso y que la resolución de la FGR reivindica la confianza a la institución de seguridad municipal.
“Este posicionamiento de la FGR reivindica la confianza en nuestra policía municipal como una institución comprometida con la seguridad pública de quienes habitamos en este municipio, en donde absolutamente todos, tenemos el derecho y las garantías para convivir de manera respetuosa y armónica”.
Barrera Concha, señaló que la muerte del joven veracruzano motivo a su Ayuntamiento a reflexionar sobre los protocolos policiacos actuales “para elaborar y presentar en su momento, una propuesta que renueve la estructura y actuar de nuestra policía municipal, siempre en el marco de la legalidad y el respeto a los derechos humanos”.
Además, de un programa de modernización, equipamiento y capacitación para todos sus elementos. Una policía con mayor cercanía social y comunitaria que continúe operando de manera responsable y eficiente en su jurisdicción del Centro Histórico, indicó.
Finalmente indico “Nunca ha tenido ni tendrá cabida en Mérida, la discriminación motivada por el origen étnico, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto menoscabar los derechos y libertades de las personas”.