Presentan amparos para frenar designación de juez acusado de violencia de género

MÉRIDA, Yuc., 29 de agosto de 2025 – Activistas y defensoras de los derechos de las mujeres han presentado 11 demandas de amparo en un esfuerzo colectivo para detener la designación de Luis Armando Mendoza Casanova como juez de primera instancia. Esta acción legal busca garantizar que los cargos judiciales sean ocupados por personas que cumplan con la ley 3 de 3  y respeten los derechos de las mujeres, marcando un precedente en la defensa de los espacios de justicia libres de violencia de género.

La presidenta de la asociación Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva (Amisy), María Eugenia Núñez Zapata, subrayó la indignación del movimiento ante lo que considera “intereses extralegales” para mantener a Mendoza Casanova en el sistema de justicia.

“A pesar de que el Congreso del Estado previamente lo había rechazado debido a sus antecedentes de violencia de género, el Consejo de la Judicatura lo nombró como juez. Este amparo no solo busca invalidar la designación, sino también enviar un mensaje claro sobre la necesidad de un Poder Judicial que actúe con integridad y en favor de la sociedad”, subrayó.

Indicaron que  las demandas de amparo alegan que el nombramiento viola la Ley 3 de 3 contra la violencia de género y la Ley Orgánica del Poder Judicial de Yucatán. Este recurso permite a las demandantes, que incluyen a activistas como María Eugenia Núñez Zapata y la ex gobernadora Dulce María Sauri Riancho, proteger los derechos de la ciudadanía y asegurar que los funcionarios públicos cumplan con los estándares éticos y legales requeridos para sus cargos.

Las 11 demandas de amparo fueron presentadas por diversas defensoras, incluyendo a María Eugenia Núñez Zapata, Lourdes Castillo Mirada, Layda Rodríguez Torres, Adelaida Salas Salazar, Rita Farjat Vázquez, Beatriz Zoreda Gamboa, Ana Laura Lores Castillo, Marisol González Barrera y Ligia Vera Gamboa. Una de las demandas fue presentada por la asociación civil Centro de Apoyo Solidario, Documentación y Estudios.

“La estrategia detrás de esta acción es lograr la suspensión provisional del nombramiento como medida cautelar mientras se resuelve el juicio.”, explicaron.

El colectivo ha hecho un llamado a los jueces federales para que actúen con prontitud y eviten que una persona con antecedentes de violencia de género ocupe un puesto tan crucial.

“¿Cómo podemos asegurar que la justicia sea verdaderamente imparcial y protectora para todas y todos?. Es impensable que una víctima de violencia de género se encuentre en el estrado con un juez que enfrenta acusaciones similares”, concluyeron.