Trasladan 9 mil tortugas a Yucatán y Quintana Roo para salvarles la vida

MÉRIDA, Yuc., 30 de mayo de 2020.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) trasladó 9 mil 886 ejemplares vivos de tortugas dulceacuícolas a unidades de manejo en los estados de Yucatán y Quintana Roo, mismas que pretendían exportarse de manera irregular a China en 158 embalajes de madera.

Después de su decomiso en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los quelonios, al Centro para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre (CIVS) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Los Reyes La Paz, Estado de México para su depositaría temporal.

En total se identificaron y cuantificaron 15 mil 53 ejemplares de vida silvestre correspondientes a tortugas dulceacuícolas de las especies Kinosternon leucostomum, Staurotypus triporcatus, Trachemys sp. y Claudius angustatus, entre los cuales resultaron 14 mil 793 tortugas vivas y 260 tortugas muertas, entre los que se categorizaron ejemplares  “sujetos a protección especial, amenazadas y en peligro de extinción”.

En el CIVS, la Profepa buscó que los ejemplares se mantuvieran en las condiciones óptimas, sin embargo, informó que muchos de ellos mostraron a su llegada, el pasado 10 de mayo, un estado físico muy deteriorado.

Al respecto, la Procuraduría decidió trasladar la totalidad de las tortugas vivas a unidades de manejo en Mérida, Yucatán y Chetumal, Quintana Roo, para que cuenten con mejores condiciones para su supervivencia, en virtud de que los factores climáticos no les permiten tener condiciones para su estancia en la Ciudad de México.

Con respecto al enorme decomiso, Profea añadió que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quien resulte responsable, por no acreditar la legal procedencia de diversos ejemplares de vida silvestre.

Agregó que actualmente se están realizando las diligencias correspondientes, y continuará el procedimiento administrativo aperturado con motivo de la visita de inspección realizada el 10 de mayo pasado, para determinar la responsabilidad administrativa en materia ambiental federal del inspeccionado.