Denuncian retraso judicial en casos de deudores alimentarios en Yucatán

MÉRIDA, Yuc., 22 de diciembre de 2025.- Madres de familia y colectivas defensoras de derechos de niñas, niños y adolescentes denunciaron retrasos en los procesos judiciales, solicitudes de reducción de pensión alimenticia y el uso de denuncias por difamación como mecanismo de presión, en el contexto de los llamados tendederos de deudores alimentarios.

Evelyn Salomé Vázquez Camal, madre de una menor de 10 años, relató que el padre de su hija acumula 10 meses de adeudo en el pago de la pensión alimenticia y solicitó ante la Junta de Abogacía una reducción de la pensión de 3 mil a mil pesos mensuales, argumentando dificultades económicas. 

"La audiencia no se realizó debido a que, presuntamente, no fue notificado a tiempo, pese a que existen diversos domicilios y contactos oficiales para su localización", explicó Evelyn.

La madre señaló que actualmente cubre de manera individual los gastos de educación, colegiaturas, materiales escolares, vestimenta y actividades extracurriculares de su hija, quien estudia en una escuela particular. 

Indicó que, como parte del procedimiento, se le informó que la judicialización del caso y la posible inscripción del padre en el padrón de deudores alimentarios podría tardar hasta seis meses, periodo durante el cual deberá continuar solventando sola los gastos de manutención. Asimismo, expuso que fue citada en la Fiscalía tras una denuncia por presunta difamación relacionada con la exhibición pública del adeudo, lo que describió como un proceso intimidante para quienes no cuentan con asesoría legal.

Por su parte, Siloé Fuentes, representante de la colectiva Ley Vicaria y organizadora de los tendederos de deudores alimentarios, explicó que estas acciones buscan orientar a las madres sobre su situación jurídica y visibilizar el incumplimiento de las obligaciones alimentarias. 

"En muchos casos, los procesos se prolongan durante años debido a recursos legales como amparos y revocaciones que dilatan las resoluciones judiciales", anotó.

Fuentes destacó que actualmente el Instituto Municipal de las Mujeres es la única instancia que brinda atención integral y acompañamiento jurídico en casos de pensión alimenticia vinculados a otras formas de violencia, mientras que el DIF Municipal ofrece asesoría y representación legal únicamente en asuntos relacionados con pensión alimenticia.

La activista confirmó que algunas madres han sido denunciadas por difamación y daño moral a raíz de los tendederos.

"Sin embargo, al presentar documentación oficial como estados de cuenta y expedientes judiciales, las autoridades han confirmado la existencia de los adeudos. Cuando los padres regularizan completamente sus pagos, los señalamientos públicos son retirados", recordó.

Finalmente, Siloé Fuentes subrayó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido la legalidad de estas acciones, al tratarse de información pública contenida en expedientes judiciales. Reiteró que la finalidad de los tendederos no es la exposición mediática, sino promover el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.