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MÉRIDA, Yuc., 7 de mayo de 2022.- De ser aprobada la iniciativa ciudadana 3 de 3 Contra La Violencia, Yucatán se convertiría en el primer estado en legislar para que agresores y violentadores de mujeres no puedan contender u ocupar algún cargo público.
La propuesta de ley, promovida desde meses atrás por la Agenda de Mujeres por la Igualdad Sustantiva de Yucatán (AMISY) y Observatoria Ciudadana, en la actualidad se encuentra en mesas de trabajo con las diputadas locales del Congreso del Estado, que a decir de las activistas, muestran interés en respaldar la propuesta.
En rueda de prensa ofrecida en conocido hotel de la ciudad, las integrantes de ambos organismos locales sentenciaron que la vida pública y política de México debe ser ética, pues representa a un pueblo trabajador, que contribuye con la sociedad y respeta la ley.
La doctora en derecho, Patricia Olamendi Torres recordó que la ley 3 de 3, es una iniciativa que pretende reformar la constitución del estado y no violenta ningún derecho humano al prohibir que personas con antecedentes inmorales o que afecten su honorabilidad, sean servidores públicos.
La discusión, abundó la también defensora de derechos humanos, gira en torno a cómo se plantea. La iniciativa es totalmente constitucional, porque lo hacemos desde los mandatos que la constitución sobre quiénes deberán ocupar un cargo público y es planteado desde el artículo primero y cuarto constitucional en el sentido de asegurar que todas las personas podamos vivir libremente sin discriminación ni violencia, y el principio de igualdad.
“Nosotros no estamos juzgando a nadie, ni estamos acusando, nosotras queremos reglas de conductas claras, éticas y moralmente aceptables para que. Si alguien no está en ese supuesto, será el partido político quien le diga ‘no serás un candidato’ o en el caso del gobierno ‘no podré nombrarte en un cargo público’. Por lo tanto no se está limitando ningún derecho”, precisó.
Argumentó que de entrar en vigor la ley, simbolizará un aliento para todo el país, toda vez que marca la pauta para reformar todas las constituciones del país y no permitir que un agresor sea candidato, ningún violentador esté en un cargo público, ningún juzgador cuente con esas antecedentes o ningún ministro venga con esos antecedentes.