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Anuncia Semujeres actividades para fortalecer el tejido social
MÉRIDA, Yuc., 26 de febrero de 2022.- Desde la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (AMISY), exigen que nadie ingrese a ninguno de los poderes y/o ocupe cargos públicos si tienen antecedentes de denuncias, procesos o sentencia por algún tipo de violencia.
A través de la iniciativa ciudadana “3 de 3”, colectivas, investigadoras y maestras, buscan erradicar la violencia que se ejerce contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes de Yucatán “desde la raíz”.
La propuesta, fue presentada ante el Congreso del estado desde el pasado 25 de noviembre para su estudio.
“Para reducir la violencia en Yucatán, no se puede empezar desde abajo, tiene que empezarse desde arriba”, señaló María Eugenia Núñez Zapata, “la construcción de que los espacios de poder estén libres de violencia no es cosa menor. Hemos tenido casos de magistrados que protagonizan actos de violencia. El que es violento en su casa, réplica la actitud en sus centros de trabajo y mucho más cuando tienen una responsabilidad pública”.
De ahí que la iniciativa proponga, aspire y va a lograr seguramente con el respaldo de la sociedad y el compromiso de los diputados y diputadas de limpiar la violencia a los poderes de Yucatán, insistió Núñez Zapata.
Durante la rueda de prensa para presentar la iniciativa ciudadana en conocida cafetería de Remate Paseo de Montejo, se precisó que el informe presentado ante la LXIII legislatura fue realizado por las activistas María Eugenia Núñez Zapata y Lydia Laucirica Guanche, luego de analizar las sentencias en materia de pensión alimenticia y guardia y custodia de los últimos tres años.
“Nos encontramos con un panorama que no creíamos. Expedientes que fueron sentenciados en 2021, que tienen hasta 20 años de antigüedad. Si sumamos todos los años de retraso de estos 30 expedientes, nos da 247 años. 247 años que el estado le otorga el beneficio de la impunidad a los violentos y 247 años que revictimiza a las y los niños”, se lamentó María Eugenia.
La iniciativa 3 de 3 pretende poner otras herramientas al servicio de la sociedad. Dar cuenta de la gravedad y profundidad de las acciones que tiene la impunidad y victimizar más de una vez a quienes son víctimas.
Esto último, pues aseguran las integrantes de AMISY, existe violencia desde que la persona acude a interponer una denuncia, en el trato que recibe en las mesas receptoras, el interrogatorio, el juicio, entre otros factores.
En su caso, la doctora especializada en derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, Sandra Noemí Peniche, condenó como un ataque directo a la niñez el comportamiento de jueces y funcionarios.
La sociedad necesita cambiar y evolucionar, pero mientras tengamos funcionarios o funcionarias que están ejerciendo violencia sobre las víctimas no se puede avanzar, apuntó.
Como hemos mencionado 3 de 3, busca que nadie ingrese a ninguno de los poderes, y ocupe cargos si tienen antecedentes de denuncias, de procesos, o de sentencia. “Hay que limitar el daño, y se limita no permitiendo la entrada de esta gente violenta”, afirmó Peniche.
Rosalía López Castro, recordó que este recorrido por erradicar la violencia en los espacios de poder, empieza en 2014 “cuando se pide que salgan públicas la declaración fiscal o patrimonial del aspirante del servicio público. En 2016 exigió que también se considere la conducta de quién aspire a un cargo público. Al 2022, la sociedad exigimos que para aspirar a un cargo público la persona no deba de tener ningún antecedente o sentencia, de violencia sexual o adeudo de pensión alimenticia”.