MÉRIDA, Yuc., 26 de septiembre de 2021.- La interrupción del embarazo debe establecerse como un acto legal en todo el país pero para que esto ocurra, como es el caso de Yucatán, se tiene que reformar el código penal pero derogando los artículos relacionados al aborto que criminaliza a las mujeres gestantes como es el caso de la legislación yucateca que determina que la vida empieza a partir de la fecundación,  señaló la abogada Andrea Tamayo Cáceres, de la Organización Civil Igualdad Sustantiva Yucatán.

El tema del aborto dijo que ya no está a debate en razón de que la máxima casa de justicia de México ya determinó que la penalización del acto de interrupción de un embarazo no debería ser un delito, lo importante en este momento es garantizar esos derechos humanos que la Suprema Corte de Justicia ya ha manifestado para que las mujeres en Yucatán puedan acceder a la interrupción legal del embarazo sin que haya repercusiones de delito.

En el marco del 28 de septiembre que se celebra el día mundial en que se reconoce al aborto autónomo, seguro, libre y gratuito,  se realizó el Foro Rumbo al 28S en el Centro Cultural Olimpo donde  comentó que antes de cualquier diputado o diputada del congreso local quiera llevar a cabo una ley integral relacionada al aborto primeramente se deben hacer las modificaciones mencionadas a las leyes actuales porque estamos cayendo ante un desacato inconstitucional y que pudiera pasar lo mismo con el tema del matrimonio igualitario que pasen años pateando la lata para que esto no ocurra.

La activista dijo que ya hay iniciativas de algunas diputadas por impulsar una ley integral del aborto en Yucatán, pero primero se deben quitar los candados de la Ley en el apartado que dice que se reconoce a la vida desde la fecundación y el Código Penal el Yucatán para que se derogue el artículo 389 que menciona que el aborto es el acto que realiza una mujer en el momento de la preñez.

 A partir de lo que ha manifestado la Suprema Corte dijo que se deberían derogar ese artículo y en forma posterior establecer las determinaciones para que la interrupción legal del embarazo en Yucatán pueda ser como en otros estados antes de las 12 semanas de gestación.

La ponente señaló que uno de los objetivos del foro es romper tabúes alrededor de la interrupción del embarazo que las personas sigan conociendo a cerca de sus derechos humanos y sus derechos sexuales y reproductivos, poner un granito de arena para educar aquello que lamentablemente sea desconocido incluso porque la propia autoridad no quiere que la gente conozca sus derechos humanos.

En su exposición abordó el tema del derecho a decidir en nuestros cuerpos desde una visión jurídica con perspectiva de género y derechos humanos donde se planteó la declaratoria de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto la interrupción legal del embarazo es decir la criminalización que están haciendo diversas leyes en el país respectó a la penalización del aborto como es el caso de Yucatán.

Respecto de la objeción de conciencia dijo que corresponderá al Congreso de la Unión legislar al respecto para que haya la obligatoriedad para que en todo el sistema nacional de salud cuente con personal de salud tanto médico como personal de enfermería que no sean objetores de conciencia.

Por su parte María Paula Balam Aguilar codirectora del Centro por la justicia e igualdad en Yucatán señaló que aun cuando haya avances jurídicos para despenalizar el aborto se requiere tener avances sociales que se van a lograr con política pública, con la erradicación de la descriminalización, por lo que es importante continuar con el trabajo social para que se deje de criminalizar a las mujeres gestantes por abortar.