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MÉRIDA, Yuc., 17 de enero de 2026– En el marco de la conmemoración de los 110 años del Primer Congreso Feminista de Yucatán, la defensora de los derechos de las mujeres Nancy Walker advirtió que la persistencia de la violencia feminicida evidencia pendientes estructurales en materia de prevención, atención y protección de los derechos de las mujeres.
La activista recordó que el año pasado se registraron cuatro feminicidios en un solo mes, lo que, señaló, vuelve a teñir de luto los espacios de memoria y reflexión histórica.
“En este contexto de conmemoración, nuevamente se enluta la historia con acontecimientos que forman parte de una dinámica de violencia, de desamparo y de una cultura que sigue pensando que las mujeres pertenecen a alguien”, expresó.
Walker subrayó que muchas de las demandas planteadas desde el Primer Congreso Feminista continúan vigentes, particularmente la exigencia de que las mujeres dejen de ser consideradas propiedad de sus parejas.

“Desde ese congreso ya se apelaba a dejar de ser propiedad privada; hoy seguimos tristemente apelando a esa reflexión”, señaló.
Indicó que, si bien se han registrado avances en distintos ámbitos, aún persisten condiciones que colocan a muchas mujeres en situaciones de riesgo, especialmente cuando existe dependencia económica o emocional. En ese sentido, enfatizó la importancia de seguir impulsando la autonomía de las mujeres en espacios como la economía y la política.
“Celebramos los logros alcanzados, pero en memoria de las mujeres que siguen desapareciendo o siendo víctimas de feminicidio, seguimos visibilizando, caminando y exigiendo únicamente lo que nos corresponde”, afirmó.
Respecto a la relación con las autoridades, Walker explicó que su labor se realiza desde la sociedad civil y que participa en algunos espacios institucionales, como consejos consultivos. Sin embargo, aclaró que estos espacios no deben utilizarse para validar acciones inconclusas.
“No estamos para adornar ni validar lo que todavía no se concreta”, puntualizó.
Al referirse a la evaluación del primer año de gobierno en turno, la defensora consideró que se perciben retrocesos en diversas políticas públicas, especialmente en aquellas orientadas a la prevención de la violencia contra las mujeres. Recordó que anteriormente se habían fortalecido mecanismos de atención en el interior del estado mediante centros especializados que brindaban asesoría jurídica y psicológica.
Si bien reconoció que existen lineamientos federales en la materia, sostuvo que ello no exime al gobierno estatal de destinar recursos propios y desarrollar políticas públicas complementarias.
Finalmente, llamó a mantener la atención en problemáticas relacionadas con la violencia estructural, como los embarazos en niñas y adolescentes, y reiteró que la prevención y la atención deben fortalecerse en el ámbito cotidiano para garantizar condiciones reales de seguridad y derechos para las mujeres.




