MÉRIDA, Yuc., 10 de agosto de 2020.- Al menos 34 activistas y colectivos se sumaron a la denuncia de amparo indirecto y la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que presentaron la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal y el Consejo Indígena de Gobierno contra los cinco megaproyectos abanderados por el Gobierno Federal.
En rueda de prensa Víctor Caballero del Colectivo Aequus, Derechos Humanos, indicó que entre las autoridades incluidas son el presidente Andrés Manuel López Obrador, los titulares de las Secretarías de Comunicación y Transportes, Hacienda y Crédito Público, de la Defensa Nacional, de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Además, también se incluyó a el subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de Semarnat; al de Planeación y Política Ambiental y a los directores de la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, Fondo Nacional de Fomento al Turismo y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
“Se pusieron esta serie de recursos legales en contra de estos megaproyectos por la simple y sencilla razón, nos afectan a todas y todos en diferentes circunstancias. Un ejemplo, en el caso del Tren Maya, hay un estudio de los modelos de impacto ambiental que presentó la Semarnat donde 85 científicos han señalado que la construcción de esa obra implica afectaciones de graves dimensiones”.
El abogado y activista precisó que estos recursos contra el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería de Dos Bocas y el Proyecto Integral Morelos, se da por las afectaciones que tendrán no solo para el territorio, sino para las comunidades, su cultura y sus tradiciones.
De acuerdo con la información proporcionada, la denuncia de amparo indirecto se interpuso en el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, y se espera pronto pueda ser admitido.
En tanto, la queja ante la CIDH ya fue recibida y se le asignó el Folio P-16-90-20 y es la Secretaría Ejecutiva del Organismo la que está llevando la revisión inicial, se espera que en 15 días pueda notificar sobre el proceso o si hacen falta requerimientos.“Estamos pidiendo medidas cautelares y la suspensión provisional de los megaproyectos, así como a la ejecución de cada una de las obras, las licitaciones, todo lo que impliquen estas construcciones”.
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