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MÉRIDA, Yuc., 30 de mayo de 2021.- De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU), el 98.6 por ciento de los casos de violencia sexual que sufrieron mujeres mayores de 18 años, no fueron denunciados o no se inició una investigación, señaló la diputada Milagros Romero Bastarrachea.
La legisladora, recordó que en esta materia “aún falta mucho camino por recorrer” por ello presentó, en conjunto con su compañera Silvia López Escoffié una iniciativa mediante la cual buscan incrementar las sanciones en contra de quienes cometan abuso sexual, y en caso de que el responsable sea un servidor público, este sea inhabilitado de manera permanente.
“Sabemos que aún falta mucho camino por recorrer, pero con esta nueva reforma, estaríamos cerrando lagunas a casos que se presentan o se pudiesen presentar en la actualidad y no queden impunes”, subrayó Romero Bastarrachea.
De acuerdo con la información proporcionada, con esta propuesta, buscan reformar el artículo 316 del Código Penal del Estado de Yucatán.
Con estas modificaciones, añadió, se propone que todas las personas que se desempeñen en un cargo público y sean condenadas por algún tipo de delito sexual, sea suspendido de manera definitiva y no solamente por cinco años, como está contemplado actualmente.
“El problema para la víctima no finaliza a los cinco años de haber sido abusada sexualmente, por eso, los servidores serán inhabilitados permanentemente para ocupar un cargo de elección popular, comisión, empleo público o el ejercicio de su profesión para desempeñarse en cualquier organismo que reciba recursos públicos”, remarcó.
Aunado a esto, pretenden que la ley local sea homologada con la federal y así, se agregué como agravante el suministro de estupefacientes a la víctima.
Las sanciones previstas para los delitos de abuso sexual, acoso sexual, violación, violación equiparada y estupro, establecidas, se aumentarán hasta en una mitad en su mínimo y máximo, cuando el delito fuere cometido con el uso de drogas.