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CELESTÚN, Yuc., 23 de junio de 2025-. Carlos Andrés Gómez, director de Pesca de Celestún, ha expresado un firme respaldo a los recientes operativos estatales contra la pesca furtiva, luego del decomiso de una embarcación con compresores ilegales.
Gómez enfatizó la necesidad de mantener estas acciones de manera constante, destacando que la pesca ilegal perjudica gravemente a cerca de tres mil pescadores que operan dentro del marco legal, al saturar el mercado y deprimir los precios antes de la temporada oficial.
“La pesca ilegal nos afecta directamente porque cuando llega la temporada, los precios ya están por los suelos y las bodegas están llenas de producto obtenido fuera de norma. Esto golpea nuestra economía y la de nuestras familias”, señaló el funcionario municipal
El reciente decomiso es resultado de la intensificación de los patrullajes marítimos implementados por el Gobierno del Estado, una medida clave para combatir el uso de artes de pesca prohibidas que amenazan la sostenibilidad de las especies marinas.
“Estos operativos no solo disuaden la actividad ilícita, sino que también brindan mayor seguridad a quienes cumplen con las regulaciones pesqueras”, apuntó.
La pesca es el pilar económico de Celestún, empleando a entre dos mil 500 y tres mil personas en embarcaciones ribereñas y cooperativas. Aunque predominantemente masculina, las mujeres también juegan un papel crucial en el procesamiento y fileteo del producto pesquero.
Gómez extendió un reconocimiento a la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentable de Yucatán (Sepasy) y a su titular, Lila Frías, por su atención a las denuncias del sector y por la coordinación de operativos efectivos. Asimismo, agradeció al gobernador Joaquín Díaz Mena por fortalecer las estrategias de vigilancia en la región.
Finalmente, el director de Pesca hizo un llamado a que los operativos no sean acciones aisladas, sino que se conviertan en parte de una estrategia permanente para erradicar la pesca furtiva, proteger los períodos de veda y asegurar que los pescadores legales puedan mantener sus medios de vida sin la amenaza de prácticas ilícitas.