Comisario de Santa María Chi anuncia victoria legal

MÉRIDA, Yuc., 13 de agosto de 2025 — En conferencia de prensa realizada este miércoles, el comisario municipal de Santa María Chi, Wilbert Alfonso Nahuat Puc, dio a conocer una sentencia de amparo que califica como “un paso histórico” en la defensa de los derechos de participación, información, salud y medio ambiente de pueblos originarios.

El fallo, emitido por el Juzgado Tercero de Distrito en Yucatán, declaró inconstitucional el artículo 149 de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado, al impedir que comunidades denunciantes participaran activamente en procedimientos ambientales.

“Desde 2023 presentamos una denuncia contra una granja porcícola que estaba quemando excretas y contaminando nuestro entorno. La SDS concluyó el caso en 2024 con acciones mínimas y sin permitirnos aportar pruebas, aunque seguíamos viendo la contaminación”, explicó Nahuat Puc. 

Recordó que la jueza le dió la razón a la comunidad y ahora deberán reconocerlos como parte formal del procedimiento, con derecho a acceder al expediente, ofrecer pruebas y presentar alegatos.

“La sentencia no modifica directamente la ley, pero obliga a la Secretaría de Desarrollo Sustentable a rediseñar su actuación para garantizar la participación efectiva en denuncias ciudadanas relacionadas con salud y medio ambiente”, señaló el comisario

Asimismo, convocó a otras comunidades a interponer amparos similares: “Si a nuestra comunidad nos otorgaron esta sentencia, vale la pena que en el marco de los pueblos indígenas alcemos la voz para que estos derechos se respeten en todo Yucatán”.

Nahuat Puc subrayó la necesidad de armonizar la legislación estatal y federal con el Acuerdo de Escazú, que establece mecanismos de participación temprana y acceso a la información ambiental.

Durante la conferencia, también se informó sobre otros avances y retos en distintos municipios:

• Ejidatarios de Celestún obtuvieron una sentencia en segunda instancia que anula actos fraudulentos que los despojaron de su calidad de ejidatarios.
• La comunidad de Ixil rechazó el desarrollo “Gran Paradizo” y denunció la falta de consulta en su inclusión en el plan de la Zona Metropolitana de Mérida.
• El consejo comunitario de Kinchil alertó sobre prácticas de empresas inmobiliarias para obtener respaldo político mediante dádivas.
• La comunidad de Sisal reafirmó su defensa del ecosistema, pese a que dos activistas permanecen en prisión.

Finalmente, la Fundación Yansa, quién apoya y acompaña a las comunidades en su lucha anunció que el 29 y 30 de agosto realizará un conversatorio y un taller sobre derechos territoriales de pueblos y comunidades indígenas.