Denuncia familia abuso de poder y tortura en Espita

ESPITA, Yuc., 7 de abril de 2020.- La familia Couoh de la comunidad de San Pedro, en el municipio de Espita, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en Tizimín por, presuntamente, haber sido víctimas de abuso de poder y tortura, por parte de policías municipales, la denuncia quedó asentada en el expediente UNATD15-GH/454/2020.

Según el relato de los afectados, unos 20 policías se presentaron la mañana del 30 de marzo a su vivienda cuando se encontraban desayunando, rompieron puertas y lo que encontraron a su paso. El motivo: una falta administrativa cometida por un joven que padece de sus facultades mentales, en la vivienda golpearon a mujeres e incluso a un menor de edad de 2 años, detuvieron a cuatro integrantes de la familia, todos hombres, quienes fueron llevados a un camino de terracería donde los habrían golpeado y al joven Severiano Couoh le habrían quemado ambos pies.

Las lesiones fueron revisadas por un médico legista de la Fiscalía, pero la familia asegura que la denuncia no avanza y acusan al presidente municipal de Espita, Josué Castillo, de solapar las acciones de lo elementos municipales.

La familia señala que un abogado enviado por el alcalde Josué Castillo, se acercó a ellos para intentar llegar a un acuerdo económico a cambio de retirar la denuncia contra los elementos policiacos, sin embargo, los afectados piden que se haga justicia en este caso de presunto abuso de autoridad.

Según el informe anual 2019 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) se recibieron 4 mil 294 solicitudes de atención, mil 980 fueron orientaciones, mil 783 gestiones y 446 quejas y se emitieron 32 recomendaciones, dirigidas principalmente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Presentación indebida del servicio público, detención arbitraria, lesiones, amenazas, robo, allanamiento de morada, tratos crueles, inhumanos o degradaciones, violación del derecho de los menores, violación a los derechos de los niños y retención ilegal son los hechos violatorios más recurrentes por parte de servidores públicos, presentados ante la Codhey.