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MÉRIDA, Yuc., 8 de septiembre de 2026.-El Pueblo Maya de Hopelchén y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) hicieron un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales para que cumplan de manera íntegra y en un plazo razonable la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el pasado 26 de agosto resolvió por unanimidad a favor de las comunidades mayas y del acuífero de la región.
Durante un encuentro con medios de comunicación, Itzel Arteaga San Germán, abogada del CEMDA, explicó que la resolución aún se encuentra en proceso de integración, debido a que durante la sesión en la que fue analizado el proyecto de la ministra Ríos se realizaron comentarios por parte de las y los ministros.
“Estamos a la espera de ese engrosamiento y una vez que eso ocurra ya la petición muy clara es que las autoridades que están involucradas en el cumplimiento de esta sentencia realmente la acaten de forma íntegra y en un plazo razonable”, señaló.
La representante del CEMDA advirtió que existe preocupación de que la resolución se quede únicamente en el ámbito jurídico y no se traduzca en cambios concretos para las comunidades. Por ello, pidió que se garantice el acceso a agua limpia y de calidad, libre de tóxicos o plaguicidas.

Por su parte, Leydy Aracely Pech, integrante del Colectivo de Comunidades Mayas de Los Chenes, consideró que la resolución representa un avance después de años de lucha de las comunidades para evidenciar la presencia de plaguicidas en el agua que consumen.
“Esperamos que esta sentencia realmente se traduzca en acciones, se traduzca en compromisos, se traduzca en cambios estructurales necesarios que se tienen que hacer para garantizar el derecho de los pueblos”, expresó.
Recordó que existe una sentencia previa emitida en 2015 que, dijo, hasta ahora no ha sido cumplida de manera efectiva. Por ello, insistió en que la nueva resolución no debe quedarse solamente en el papel ni ser utilizada con fines políticos.
Pech planteó además la necesidad de atender el problema de manera integral, al considerar que la contaminación del agua está relacionada con actividades productivas y proyectos de desarrollo que tienen impacto en el territorio.




