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MÉRIDA, Yuc., 6 de julio 2022.- Colectivas feministas y dependencias municipales de Motul se unieron para exigir justicia por la violencia laboral, física y sexual de la que fue víctima una trabajadora de ese municipio, y que sigue sin castigo, ya que el agresor es un funcionario público.
De acuerdo a lo expuesto por Edier Josué Pech Farfán abogado de la víctima identificada como A.R.C.N, la agresión ocurrió el pasado 30 de junio, mientras la víctima se encontraba laborando en el comisariado ejidal, específicamente en su oficina, cuando llegó el funcionario público J.C.B.E y al darse cuenta de que se encontraba sola, la empujó contra la pared y comenzó a tocarla en distintas partes del cuerpo sin su consentimiento, causándole lesiones.
A pesar del forcejeo, la víctima logró salir de la oficina y llamó al 911, posteriormente llegó la policía y se hicieron cargo del agresor, llevándoselo para continuar con el debido proceso, mientras que A.R.C.N fue llevada con un médico forense para estudios así como valoración física y emocional, teniendo como resultado una afectación psicológica por lo que recomendaron terapia.
El abogado explicó que el 1 de julio, se hizo la presentación de testigos, quienes confirmaron la versión de la víctima, sin embargo, al día siguiente, 2 de julio, el agresor presentó como testigos a su secretaria, al comisario ejidal y al tesorero, ante la situación optaron por pedir un testigo ajeno, quien declaró que el testimonio de que dieron los testigos del funcionario era falsos, ya que no se encontraban en el lugar de los hechos.
A pesar de todo esto, el agresor quedó libre “de manera extraña, a él lo dejan libre, a pesar de que el delito es grave, tanto en el Código Penal del Estado de Yucatán, el Código de la materia, que es el Código nacional, ameritaba prisión preventiva ante un juez de control por el delito de abuso sexual, había datos que se acreditaban”, expresó el abogado.
Ante un panorama tan desolador, buscaron apoyo de distinta colectivas feministas como Violetas del Mayab y Girl Up Feminista, quienes exigieron se judialice el caso y se castigue al agresor, ya que no es la primera vez que sucede algo parecido.
Además exigieron se aplique la Ley Tres de Tres ya que el agresor es un funcionario público e incluso ha sido candidato en esa localidad.