
Trabajan para mejorar la red de agua potable en Progreso
HUNUCMÁ, Yuc., 24 de enero de 2021.- Pobladores de la comunidad de San Antonio Chel, en el municipio de Hunucmá, externaron su preocupación ante la falta del pronunciamiento del Juzgado Segundo de Distrito sobre el juicio iniciado, por esa comunidad, en contra de una mega granja que operaba en el lugar vertiendo desechos en cenotes de la zona, al no haber un pronunciamiento del Juzgado, temen la granja pueda reiniciar actividades.
Mediante un comunicado, la Unión de Pobladores y Avecindados de San Antonio Chel, señalan que en marzo de 2019 se presentó un amparo en contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán (SDS), el Municipio de Hunucmá y de la Comisión Nacional del Agua “por permitir que la granja de Yuca Agroalimentos opere sin permisos y a sabiendas de que vertía desechos de ganado a los ríos subterráneos que se encuentran bajo sus instalaciones”.
En esa ocasión se acreditó durante el juicio, que en las instalaciones se contaba con mil vacas y que almacenaban clandestinamente cerros de excremento en los montes cercanos.
Posteriormente, en octubre del mismo año, debido al alto riesgo de daños al medio ambiente que pudieran afectar a la comunidad, el Juzgado Segundo ordenó la intervención e inspección de la granja por parte de las autoridades.
“Como resultado de la orden judicial, la SDS ordenó el cierre del complejo. Por su parte, el Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la CONAGUA no realizó la inspección y concedió en un solo acto todos los permisos de perforación de pozos y descargas a la empresa, a pesar de no cumplir con los requisitos”, señalan.
Sin embargo, el pasado 15 de diciembre de 2020 el Juzgado decidió sobreseer el caso, lo que significa que lo da por concluido sin pronunciarse acerca de si las autoridades violaron o no los derechos humanos. Los inconformes señalan que, con esa decisión, la granja podría intentar reiniciar operaciones, toda vez que los permisos de CONAGUA siguen vigentes.
“Al sobreseer el juicio el Juzgado no se pronuncia sobre las violaciones a derechos, ni considera los daños ya ocasionados que deben de repararse”, indicó Kalycho Escoffié, quien asesora legalmente a la comunidad. “Es absurda la decisión porque si la granja está cerrada es porque el juzgado otorgó la suspensión como medida cautelar, pero sin el juicio esa medida se pierde”, indicó.
En busca de una solución a esta situación, se ha presentado un recurso de revisión para revertir la resolución ante el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Yucatán
“Los casos de violaciones al medio ambiente no se resuelven solo parando las actividades, sino también evaluando los daños ocasionados y ordenando a las autoridades que establezcan las sanciones que correspondan”, señaló Guillermo Solís, también abogado de la comunidad.
Los habitantes de San Antonio Chel reportan que aunque la granja está cerrada el olor a excremento en el agua regresa durante las lluvias, por lo que temen que el agua que utilizan siga contaminada. “Se han ido las vacas, pero el problema sigue”, indicó Cecilio Bacab de la comunidad. “Seguiremos con la lucha hasta que se cancelen todos los permisos y se repare el daño que han hecho”.