Urgen a llevar agua potable a comunidades de Umán y Halachó

MÉRIDA, Yuc., 12 de febrero de 2025. “El agua no es un lujo y no es un favor del gobierno. Es un derecho humano al que todas las personas, sin importar dónde vivan o cuánto ganen, deben tener agua suficiente, segura y accesible. Sin embargo, en Yucatán hay comunidades donde abrir una llave y ver salir agua es un privilegio inalcanzable”, afirmó la representante ciudadana en el Congreso del Estado, Larissa Acosta Escalante.

La legisladora naranja refirió el caso específico de Oxholón, en Umán, y Dzizibachí, en Halachó, donde “hay familias que usan agua contaminada no porque quieran, sino porque el Estado las ha condenado a vivir así. Agua con arsénico, con mercurio, agua que enferma, que daña y que mata”.

Por este motivo, presentó un punto de acuerdo para que la Junta de Agua Potable de Yucatán (JAPAY) y el Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública (INCOPPY) hagan las tareas necesarias para garantizar el agua potable a los habitantes de dichas comunidades.

“En el presupuesto 2025 hay 90 millones de pesos destinados a obra pública rural. Las soluciones existen, el dinero está ahí, sólo falta voluntad política”, expresó Larissa.

Larissa reconoció la presencia y labor de las regidoras Esmeralda May y la regidora Claribel Gómez, así como del comisario Eladio Aké Tuz y la comisaria Merly Rubí Rivero Uc.

A pesar de la urgencia, las y los diputados de la mayoría Legislativa votaron en contra de esta propuesta, y fue enviada a posterior discusión.