Afirman Proyecto Alux 33 se apega a la Ley de QRoo

PUERTO MORELOS, QRoo., 15 de septiembre de 2025.- En los últimos días, el proyecto Alux 33, en Puerto Morelos, ha sido señalado en algunos espacios como un posible “ecocidio”. Sin embargo, la revisión técnica y legal evidencia que la autorización otorgada por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo está plenamente fundada, motivada y dentro del marco de competencia que le otorga la ley estatal.

Confusión de origen

La controversia surge de una opinión técnica preliminar emitida hace años, elaborada a partir de imágenes satelitales y que nunca tuvo carácter vinculante. Esa opinión fue utilizada por la SEMARNAT para negar en su momento la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto. No obstante, un tribunal federal resolvió que la negativa carecía de sustento, pues la autoridad omitió solicitar aclaraciones al promovente y basó su resolución en inferencias incompletas.

Evaluación estatal con sustento científico

Tras ese revés, el trámite fue presentado ante la SEMA en su modalidad de MIA por Impactos Generados (MIA-IG). La evaluación incluyó recorridos de campo en un radio de 100 metros y la aplicación de los criterios de la NOM-022, confirmando que el predio no es un ecosistema costero ni un humedal. Lo que existe en el área es vegetación secundaria producto de desmontes históricos desde 1985.

La autorización estatal delimita con precisión un polígono de 649.61 m², impone medidas estrictas de mitigación y compensación, y sujeta al promovente a vigilancia ambiental continua. En términos simples: el desarrollo quedó regulado, controlado y bajo la supervisión de la autoridad competente.

La situación actual

El resolutivo estatal está vigente y es plenamente válido en términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y su Reglamento. La competencia federal aplica únicamente a ecosistemas costeros, condición que no se acredita en este caso.

En síntesis:

La polémica en torno a Alux 33 responde a una confusión de competencias y a la interpretación errónea de un documento preliminar. Lo cierto es que la autorización otorgada por la SEMA cumple con la normatividad estatal vigente y establece condicionantes ambientales que garantizan el desarrollo sustentable del proyecto en Quintana Roo.