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CIUDAD DE MÉXICO, 13 de mayo de 2020. — El 11 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria en apoyo de ciertas funciones de la Guardia Nacional.
En un comunicado, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU DH) reconoce los importantes retos que en materia de seguridad enfrenta el país y las dolorosas consecuencias que enfrenta la población por el accionar del crimen organizado. En este marco y en plena sintonía con los mecanismos internacionales de derechos humanos, la ONU DH ha reiterado en numerosas ocasiones que la participación de las fuerzas militares en tareas de seguridad debe ajustarse a criterios de estricta excepcionalidad y ser el último recurso, asegurando el carácter civil de las corporaciones de seguridad. Lo anterior, dado que la estrategia de seguridad instaurada desde 2006, bajo la administración del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa “ha evidenciado su disfuncionalidad para reducir la violencia e incrementado las violaciones de derechos humanos”.
Si bien la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública está prevista –bajo ciertas circunstancias– en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, el Acuerdo publicado no contiene información ni disposiciones que permitan evaluar su conformidad con los estándares constitucionales e internacionales en la materia.
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