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MÉRIDA, Yuc., 8 de octubre de 2026.- El caso del proyecto Alux 33, en Puerto Morelos, Quintana Roo derivó en una controversia jurídica sobre qué autoridad tenía competencia para evaluar sus impactos ambientales: el Gobierno de Quintana Roo o la Federación.

La revisión de los antecedentes administrativos y judiciales muestra que lla SEMA de Quintana Roo sostuvo inicialmente que el proyecto correspondía al ámbito estatal, mientras que el Juzgado Noveno de Distrito determinó posteriormente que, por su interacción con un ecosistema costero, debía ser evaluado por la autoridad federal.
La sentencia quedó firme y fue cumplida por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo (SEMA), que dejó sin efectos la autorización que había emitido y se declaró incompetente para continuar con el procedimiento.
El punto central del litigio estuvo en la interpretación de las características ambientales del predio.
La legislación federal reserva a Semarnat la evaluación de los desarrollos inmobiliarios que afecten ecosistemas costeros. La normativa estatal, por su parte, permite a Quintana Roo conocer aquellos proyectos que no se ubiquen dentro de esos supuestos.
SEMA consideró inicialmente que Alux 33 correspondía a la competencia estatal con base en cartografía oficial del INEGI, antecedentes del terreno, instrumentos de desarrollo urbano, infraestructura existente y las condiciones observadas en la zona.




