MORELIA, Mich., 25 de diciembre de 2022.- Con el constante diferimiento de las audiencias en el caso Jessica González Villaseñor, no solo se prolonga el proceso penal, sino que niega a las víctimas indirectas el derecho a la verdad histórica y a la justicia.
En el Artículo 2do., de la Ley General de Atención a Víctimas se establece el derecho de las personas víctimas directas e indirectas a la justicia y a la verdad, sin embargo, en lo efectivo, las carencias tecnológicas, talento humano en las investigaciones de la Fiscalía o la defensa puede derivar en que estos derechos queden en el tintero.
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Desde el feminicidio de Jessica, su madre Verónica Villaseñor ha insistido que el sistema penal ha violentado sus derechos, ya que mientras el juez vela porque la defensa pueda ser idónea y aporten todos los recursos necesarios en favor del imputado, así como que la Fiscalía puede acreditar penalmente la culpabilidad de Diego Urik, imputado, la madre de Jessica y su familia se desgastan emocional y económicamentea.
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