Inversión privada en las playas de México: entre acceso y conservación

MÉRIDA, Yuc., 19 de febrero de 2025.- Las playas en México son bienes públicos, es decir, espacios naturales que pertenecen a todos los ciudadanos. Sin embargo, garantizar su adecuado mantenimiento, seguridad y limpieza requiere una inversión constante, que muchas veces el gobierno no logra cubrir de manera eficiente. En este contexto, la participación del sector privado puede ser una solución viable para mejorar la conservación de estos entornos sin comprometer el derecho al acceso público.

La inversión privada en las playas públicas genera beneficios que pueden no ser evidentes de inmediato. Empresas y desarrolladores que participan en el mantenimiento de estos espacios suelen encargarse de la recolección de residuos, la instalación y mantenimiento de infraestructura como duchas, sanitarios y camastros, así como la implementación de medidas de seguridad para prevenir accidentes y garantizar una experiencia más ordenada y agradable para los visitantes.

Un aspecto fundamental es que la colaboración del sector privado no significa la privatización de las playas. La legislación mexicana establece que el acceso a las playas es un derecho inalienable, y cualquier inversión debe respetar este principio. La clave está en encontrar un equilibrio donde la inversión privada aporte a la conservación y mejoramiento de estos espacios, sin restringir su uso público.

Además, la participación del sector privado puede fomentar el turismo sostenible, generando empleos y promoviendo el desarrollo económico en las comunidades costeras. Proyectos que incluyen certificaciones ambientales, programas de educación ecológica y medidas de mitigación del impacto ambiental pueden hacer de las playas espacios mejor preservados para futuras generaciones.

Si bien es responsabilidad del gobierno garantizar el acceso y cuidado de las playas, la realidad muestra que en muchas ocasiones los recursos públicos son insuficientes o mal administrados. En este escenario, la inversión privada, bien regulada y con un enfoque en el beneficio común, puede ser un complemento importante para garantizar la sostenibilidad y disfrute de estos espacios naturales.