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CIUDAD DE MÉXICO, 2 de septiembre de 2022.- La iniciativa enviada por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados, para que la Guardia Nacional (GN) pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa (Sedena) contraviene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los estándares internacionales en materia de seguridad pública. Esta iniciativa plantea la consolidación de la militarización de la GN y, de aprobarse, la Sedena se encargaría de la operación y administración de la misma, le daría capacitación militar a su personal cuando sus tareas son del orden civil y el personal militar de esta corporación se regiría por el fuero y condiciones laborales del personal militar.
“Desde Amnistía Internacional hacemos un llamado a las personas legisladoras para que analicen la iniciativa en el marco de los más altos estándares de derechos humanos y atendiendo las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado mexicano y voten contra la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo”, declaró Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.
“Los y las legisladoras tienen la oportunidad de frenar el proceso de militarización de la seguridad pública en México y exigir al Poder Ejecutivo que presente el plan de retiro progresivo de las fuerzas armadas de las calles, priorice en el fortalecimiento de las policías civiles, así como el desarrollo de políticas públicas de prevención, tendentes a garantizar la seguridad pública. No se puede dejar pasar más tiempo dada la situación de extrema urgencia que vivimos en el país”, agregó Edith Olivares Ferreto.
Amnistía Internacional también expresa su mayor preocupación porque la iniciativa presentada por el Ejecutivo plantea que la capacitación que recibirá el personal de la GN provendría de la SEDENA. Organismos internacionales han recomendado al Estado mexicano alejarse del paradigma de seguridad militarizada, retirar a las fuerzas militares de las tareas de seguridad y transitar a un modelo de seguridad ciudadana, centrado en la persona humana y en la construcción de mayores niveles de ciudadanía democrática.
Las tareas de seguridad pública deben estar a cargo de corporaciones civiles eficaces, eficientes, profesionalizadas, que cuenten con recursos técnicos, capacitación y el equipamiento necesario para garantizar la seguridad y la vida de todas las personas.
Aunque la iniciativa refiere que su propósito final no es militarizar al país o implantar el autoritarismo, en los hechos la militarización de la GN está presente a lo largo del texto.
Así, la iniciativa considera que aunque la GN esté adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), la SEDENA se encargará de su operación y administración. No se aclara cómo podrá la SSPC vigilar, supervisar y evaluar la estrategia de la GN cuando el personal es de la SEDENA. Además, de acuerdo con la iniciativa, el fuero militar será vigente para la GN, lo cual podría incrementar los niveles de impunidad.