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CIUDAD DE MÉXICO, 23 de noviembre de 2021.- Loretta Ortiz Ahlf fue electa como la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 92 votos a favor y con ello lograr la mayoría calificada del Pleno del Senado de la República.
La doctora Loretta había sido propuesta por el Ejecutivo federal en dos ocasiones posteriores y la tercera fue la vez que logró su aspiración al cargo que comenzará a ejercer el 12 de diciembre próximo, cuando venza el mandato del ministro José Fernando Franco González Salas.
Tras la votación por cédula, la Mesa Directiva precisó que se entregaron 114 boletas de votación y sobraron 12. De estos, Bernardo Bátiz obtuvo ocho votos y Verónica DeGyvés logró nueve votos; se registraron cuatro en contra y uno se anuló.
La Presidencia de la Mesa Directiva procedió a tomar la protesta de Ley a Loreta Ortiz Ahlf como ministra de la Suprema Corte, al tiempo de desearle éxito en su encargo.
Los senadores a los que no se le entregaron boleta de votación fueron: Alejandra Lagunes, Marco Gama, Mayuli Latifa, Eva Galaz, Raúl Elenes, Ismael Cabeza de Vaca, Ifigenia Martínez, Josefina Vázquez Mota, Beatriz Paredes, Carlos Aceves, Nuvia Mayorga y Angel García Yañez.
En su comparecencia, Ortiz Ahlf subrayó que el avance hacia una integración paritaria de la Suprema Corte es un mecanismo necesario para materializar el derecho constitucional a la igualdad entre hombres y mujeres; sin embargo, para garantizar esto resulta imprescindible designar a una jurista plenamente comprometida con la protección y la garantía de los derechos humanos.
“Mi ejercicio jurídico ha enfocado precisamente en el estudio del derecho internacional público, derecho internacional de los derechos humanos, lo que me ha permitido desarrollar una perspectiva amplia de los retos que supone para nuestro para nuestro país garantizar los más altos estándares de protección de los derechos humanos”, expresó.
Por su trayectoria jurídica, académica y profesional, aseguró que le permitirá comprender a cabalidad la trascedencia del ejercicio jurisdiccional del Alto Tribunal, a efecto de combatir los niveles críticos de impunidad y hacer efectivo el derecho que tienen los ciudadanos de acceso a la justicia.