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MÉRIDA, Yuc., 30 de noviembre de 2020 .- La lucha contra el sida en México está en crisis. Aún no existe una política para resolver el impacto de la criminalización de las personas afectadas por el VIH, señaló el Movimiento Nacional de la Lucha Contra El Sida.
A través de un comunicado, el colectivo conformado por diversas organizaciones a nivel nacional, informó que actualmente 30 de los 32 estados contemplan en sus Códigos Penales la categoría “delito de peligro de contagio”, que castiga a las personas que transmitan una “enfermedad incurable” a otra persona.
“Este tipo de leyes no ayudan a combatir el aumento de casos de VIH, fomentan el odio, el estigma y la discriminación, y dificultan que las estrategias enfocadas a combatir la transmisión del VIH cumplan sus metas”, detalla el documento.
Con la transición del Seguro Popular al INSABI, y a partir de noviembre de este año con la publicación en el DOF del Decreto que Reforma la Ley de Salud, misma que deja en el desamparo a todos los mexicanos ya que no hay garantía de los fondos, ni sustentabilidad financiera de los mismos, afectando a las personas con el VIH y a todas aquellas con enfermedades terminales.
Solicitan poner atención en las entidades federativas del país, las cuales en su mayoría se han caracterizado históricamente por su incapacidad de gestión política y operativa, y por la opacidad en el uso de los recursos públicos destinados para la respuesta del VIH.
“Nosotras, personas que vivimos con VIH, colectivos y organizaciones de la sociedad civil, no estamos para complacer a los gobiernos ni a las agencias internacionales, su deber es garantizar derechos, pues nuestra lucha no se supedita a ningún interés, salvo garantizar la dignidad y la plenitud de quienes han sufrido las peores consecuencias de la epidemia, de la cual aún no contamos con la cura”.
Además, hacen un llamado urgente a implementar y retomar las acciones de prevención que han sido suspendidas desde hace dos años. Además, solicitan que la promoción de estrategias preventivas como el uso del condón (interno y externo) más lubricante, PrEP y PEP deben ser accesibles y estar disponibles con un enfoque de equidad para la justicia social.
“Reclamamos y exigimos al Estado que garantice el derecho a la salud del 30 por ciento de personas con VIH que aún no conocen su estado serológico, del 40 por ciento de personas con VIH que aún no cuentan con tratamiento antirretroviral, y del 40 por ciento de ellas que aún no alcanzan la supresión viral”, detalla el comunicado.